Hasta 25 pozos ilegales han sido clausurados esta última semana en el entorno de Doñana en varias operaciones por parte del Seprona. Las intervenciones se han llevado a cabo en las localidades de Almonte, Lucena del Puerto, Bonares y Rociana, y la Guardia Civil no descarta que se de orden sobre otras instalaciones indebidas del entorno que actualmente están siendo investigadas. 

La operación de control de los recursos hídricos se han extendido también a otros siete pozos ilegales localizados en la Vega del Guadalquivir, en la provincia de Sevilla. En total, se han acometido ya 17 clausuras sobre los 32 perforaciones localizadas. 

Un pozo clausurado en Rociana del Condado

En todos los casos, los pozos intervenidos no cuentan con derecho de uso privativo de aguas y se encuentran fuera del suelo calificado como agrícola regable según el Plan de Ordenación de Recursos de la Corona Norte de Doñana. En todos los casos están incursos en procedimientos sancionadores por detracciones de agua. 

Medidas urgentes de precintado

Ante estos hechos, y a causa de la situación de fuerte sequía que atraviesa la provincia, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) inició este pasado mes de junio la adopción de medidas provisionales de precintado de las captaciones localizadas.

En todas ellas, el Seprona demanda a la propiedad la extracción de los equipos de bombeo instalados en las captaciones para proceder a su sellado. Con la asistencia y colaboración de la Guardia Civil y bajoautorización judicial de entrada en las propiedades, la CHG ha procedido a la ejecución forzosa subsidiaria consistente en la retirada de tuberías y todo elemento que permita la captación abusiva de aguas subterráneas. 

Una grúa abre un pozo de agua ilegal

Estas medidas cautelares se llevan a cabo para proteger los recursos hídricos y garantizar los intereses generales, al amparo de lo establecido en el artículo 56 de la LPACAP y del Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas para paliar los efectos de la sequía.

En paralelo, la CHG ha inspeccionado y levantado acta sobre otras captaciones que podrían ser susceptibles de intervención por considerarse contrarias a la legalidad.