El SAPU 5, un suelo apto para urbanizar objeto de discordia

El proyecto del SAPU 5 está concebido como un pelotazo urbanístico. Es algo que el PP no duda. La venta de los terrenos está pendiente de distintos recursos tras varias vicisitudes. Las Normas Subsidiarias del año 91 contemplaban varias zonas de crecimiento o suelos aptos para urbanizar, los denominados SAPU. De todos, el único que queda por desarrollar es el SAPU 5, si bien parte del 8 también está pendiente.

El SAPU 1 corresponde a la zona de la Retama y aledaños y se encuentra junto al 2 que es el equivalente al Pueblo Andaluz. Los suelos aptos para urbanizar 3 y 4 se unieron para poder desarrollar el proyecto de Punta Enebral, la zona de los hoteles Barceló, apartamentos turísticos y centro comercial. Los SAPU 6 y 7 se encuentran en El Portil y corresponden a la zona residencial La Dorada.

Inicialmente el SAPU 8 no existía como tal porque era un enclave, la prolongación del barrio Romano, no urbanizable, aunque está situada en una zona de crecimiento urbanístico. El anterior equipo de gobierno del PP realizó el cambio de suelo, a través del SAPU para construir Viviendas de Protección Oficial (VPO). En una primera fase estaban previstas 240 viviendas de este tipo y posteriormente en el Plan General de Ordenación Urbana por aprobar se declaraba otra parcela urbanizable para completar un total de 700 VPO en la zona que va del barrio Romano al cementerio.

La Junta de Andalucía, mediante la Consejería de Medio Ambiente, paralizó el SAPU 8 argumentando que no procedía la descatalogación. El equipo de gobierno actual del PSOE ha solicitado la descatalogación tanto del SAPU 8 como del restos de la parcela y ha pasado a denominarse Suelo Urbanizable Sectorizado, SUS 1, que será la denominación que lleve en el próximo PGOU. Mientras tanto, el Ayuntamiento pretende adelantar al Plan General esta tramitación para lo cual ha realizado ya una adaptación de las antiguas Normas Subsidiarias a la LOUA.

Resta por solventa ahora el SAPU 5 que inicialmente en la época de Hernández Cansino tenía un carácter más turístico que el actual. El proyecto tiene abierto varios frente y es punto de mira de la oposición del PP. Por una parte, considera que el equipo socialista lo ha convertido en un proyecto prácticamente residencial, por cuanto que a la zona de apartamentos se le dota sólo con un máximo de cinco año como destino turístico.

El SAPU 5 cuenta con dos parcelas para la construcción de hoteles, otras dos para apartamentos turísticos que con el paso del tiempo serán residencial y una parcela residencial de viviendas unifamiliares. Con estas mimbres, para Hernández Cansino se trata de un proyecto de segunda residencial y que por tanto incumple la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOUA) al tratarse de suelo del patrimonio municipal. Según el PP, la Ley en su artículo 75 establece que debe tener unos usos determinados. O bien viviendas de protección oficial o para uso de interés público. En este punto, Hernández Cansino sostiene que el Ayuntamiento ha ocultado información a la Junta sobre el interés público del proyecto, ya que no ha trasladado el pliego de condiciones en el que figura que los apartamento turísticos pueden convertirse al cabo de cinco año en residenciales. Anteriormente, todas las parcelas de RT (Residencial Turístico) que se han adjudicado lo han sido por un tiempo mínimo de veinte años. No obstante, en esta ocasión se ha reducido a cinco pero con una valoración como si fueran veinte, por lo que al cabo de poco años se puede convertir el residencial turístico y residencial puro y por lo tanto venderlo a un precio superior.

Además, en dos meses se ha bajado un 25% el valor del precio del suelo. Inicialmente en marzo se valoraron los terrenos en 62 millones y en junio se redujo a 42 millones todo el SAPU 5. La justificación, según un informe técnico, es que en tres años se prevé una reducción del precio en eses porcentaje.

Según Hernández Cansino, en la operación hay otra gran mentira por parte del Ayuntamiento, ya que en ningún caso y porque además no es competencia suya, se ha sacado a licitación un puerto deportivo allí. Las Normas Subsidiarias del año 91 sí contemplaban la posibilidad de trasladar a La Peguera el puerto pesquero y ubicar allí uno deportivo, un proyecto en cualquier caso que depende de la Junta de Andalucía.

Ante esta coyuntura, el PP ha presentados varios recursos. Uno de ellos es contra la autorización de la Delegación de Gobernación, ya que ésta debe autorizar la venta cuando se trata de una operación cuyo valor supera el 25% de los recursos propios, por entender que la venta no cumple la LOUA y porque además no sólo el destino del suelo incumple con la ley sino el de los ingresos.

La LOUA por una parte establece a qué se puede destinar el suelo de patrimonio municipal y también que los ingresos obtenidos con la venta de los terrenos se tienen que destinar a mejorar el patrimonio municipal del suelo y no cualquier otra inversión. Sin embargo, el Ayuntamiento según figura en los presupuestos ha destinado el dinero de la venta de los terrenos a otros usos, motivo por el cual el PP tiene impugnadas las partidas presupuestarias de 2008. La jurisprudencia indica que hasta ahora la justicia ha anulado todos los presupuestos municipales que se han impugnado por ese motivo. La sentencia más reciente es de julio de este año y se refiere a los dineros del Ayuntamiento de Majadahonda.

El PP solicitó la suspensión cautelar del acuerdo sobre el SAPU 5 que le ha sido denegada, por considerar que el interés general lo representa más el Ayuntamiento que el grupo de la oposición. El ex alcalde de Punta Umbría está convencido de que finalmente los tribunales anularán el presupuesto municipal y "en ese momento habrá que pedir responsabilidades políticas y personales a los que hayan utilizado el dinero indebidamente, porque han sido advertido por activa y por pasiva".

El Ayuntamiento no presentó la información que la delegación solicitó sobre el pliego de condiciones (aún no estaba elaborado), el destino de los ingresos y la declaración motivada de que la actuación era de interés público, como exige la ley, que debe acordar el Pleno municipal y sin embargo la Junta de Andalucía sí autorizó la venta del SAPU 5. La orden de la Administración regional también ha sido recurrida por el PP, por considerar que es ilegal.

Elpasado 4 de agosto el Pleno aprobó el pliego de condiciones y sacó a concurso la venta de las parcelas a pesar del recurso lo cual "puede estar creando un posible perjuicio irreparable al licitador de buena fe, ya que el bien puesto en venta está en litigio". Ante esta tesitura, el PP presentó un recurso de reposición que ha sido rechazado por el Pleno. Por tal motivo los populares han anunciado que llevarán el caso a los tribunales por los mismos motivos señalados con anterioridad: No cumple la LOUA, no cumple el destinado que marca la ley los ingresos, la valoración no es correcta y se ha cometido un fraude en la valoración porque el bien es litigioso. En caso de que los terrenos se vendieran y el proceso quedara anulado el licitador podría pedir una indemnización al Ayuntamiento.

Además, el día 4 los concejales pidieron un informe al secretario para que evaluara jurídicamente qué repercusiones podrían tener el hecho de que se hubiera recurrido la orden. La ley establece que cuando un tercio de los ediles solicitan un informe al secretario la emisión debe ser efectiva o de lo contrario no se podrá adoptar el acuerdo. En cualquier caso, según el PP hasta ahora nadie ha dado ninguna explicación sobre la reducción en la tasación del precio de los terrenos y porqué se está vendiendo a precio de residencial turístico algo que en cinco año va a ser residencial puro.