Rumbo 5.0 irrumpe en la gestión de las presas de residuos mineros de Riotinto

La Guardia Civil intervino en el choque de intereses y tuvo que garantizar las labores de Emed Tartessus · La promotora intenta recuperar el poder en su propiedad · La Junta dio a Emed Mining el control

Presa de la Aguzadera, en Riotinto.
S.p. / Huelva

07 de agosto 2011 - 05:01

La empresa Rumbo 5.0 SL acordó el viernes asumir la gestión de las presas de estériles de Minas de Riotinto ante lo que ellos mismos consideran un "peligro medioambiental derivado de la inacción de Emed Tartessus", actual titular de la unidad industrial de la explotación minera, de forma que desde este lunes un grupo de operarios comenzó las labores de mantenimiento y conservación de las balsas, "intentando evitar nuevos vertidos de aguas ácidas como los denunciados en los últimos tres años".

La decisión de Rumbo, una promotora urbanística sevillana que ha pedido hasta 60 millones de euros a Emed Mining, por vender parte de sus terrenos y dejar vía libre al Proyecto Río Tinto, se produce en pleno mes de agosto, cuando el nivel de agua de las presas ha bajado y después de que el pasado invierno fuera denunciada también su inacción y asumiera Emed el aliviadero de las presas de Aguzadera, Gossan y Cobre.

Rumbo acusa a Emed de incumplir sus obligaciones y propiciar vertidos de aguas ácidas de mina e incluso les acusa de "ser incapaces de gestionar unas presas" mineras como las existentes en Riotinto.

Sin embargo, lo que para Rumbo fue una acción dentro de su propiedad, para Emed Tartessus fue una operación de bloqueo, ya que un grupo de 20 personas que "se identificaron como empleados de Rumbo les denegaron el acceso a las únicas vías mediante las cuales se puede acceder a las instalaciones que gestionan el almacenamiento de estériles mineros y que precisan de un mantenimiento y control regulares".

Según la multinacional minera, el acceso de su personal es vital para la seguridad y la estabilidad de las presas, actualmente bajo responsabilidad de Emed, según una resolución emitida por la Junta de Andalucía.

Ante el choque de intereses en los terrenos mineros, Emed requirió la presencia de la Guardia Civil, que tras requerir toda la documentación y detalles hizo cumplir a Rumbo la obligación de dejar libre el acceso a los equipos de mantenimiento para que puedan seguir con su trabajo cotidiano.

Según informó la filial de Emed Mining, la Guardia Civil garantizará el desarrollo de su trabajo a sus empleados para que no sufran alteraciones.

Ante lo que considera hechos graves, Emed Tartessus recordó en un comunicado que la Junta de Andalucía, en resolución emitida el 9 de marzo de 2011, dictaminó que habría de ser Emed Tartessus la entidad que asumiera las labores de control y mantenimiento de las presas mineras, que albergan el material estéril procedente de la operación.

Según la multinacional, "esta resolución viene a apoyar las actuaciones de esta Compañía que, siendo sólo propietaria de un tercio de los terrenos ocupados por estas instalaciones, ha venido desde su llegada en 2007, responsabilizándose en solitario, y con alto coste económico, de los trabajos de monitorización y conservación de la totalidad de las mismas, en beneficio de la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente del entorno". Y añade que en la misma resolución se hace referencia expresa a "la obligatoriedad para cualquier otro propietario de terrenos sobre los que descansen las mencionadas instalaciones, de no obstaculizar a Emed Tartessus en el cumplimiento de estas obligaciones".

Emed Tartessus subraya que "es la autoridad minera, radicada en la Delegación en Huelva de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, quien tiene la potestad de decidir sobre la ejecución de los trabajos asociados a instalaciones mineras. Y que tras realizar los prescriptivos estudios Emed Tartessus ha puesto en marcha un proyecto de actuaciones sobre las presas en conjunción con la firma de ingeniería EPTISA, diseñador original de estas".

Según la nota, este proyecto ha sido aprobado por la autoridad minera, que dictaminó que debe ser exclusivamente Emed Tartessus quien ejecute estas medidas correctoras, por un valor cercano al medio millón de Euros".

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