Un juzgado de Pontevedra decreta la disolución de Acuinova en Ayamonte

El titular del juzgado de lo Mercantil Número 1 de Pontevedra ha decretado esta semana la disolución de las tres sedes en Andalucía de Acuinova, filiales de la empresa Pescanova y localizadas en Ayamonte, San Fernando y Sanlúcar de Barrameda. De ellas, la más afectada es la onubense por suponer el despido de 17 trabajadores, mientras que una persona pasa a tener una jornada en oficina de cuatro horas, y a otras cuatro se les mantiene hasta que se liquide completamente la factoría. Por su parte, la planta de San Fernando cuenta con dos trabajadores, y la de Sanlúcar de Barrameda, con uno.

No obstante, según precisó el presidente del comité de empresa de la instalación ayamontina, Antonio Marín, los empleados que quedan en activo se mantienen sólo "testimonialmente" en sus puestos de trabajo. Marín también señaló que el auto que ha redactado el juez admite una petición de Pescanova "que no se llegó a negociar", por lo que la decisión va a ser recurrida, aunque de forma preventiva los trabajadores van a comenzar a gestionar todo lo relacionado con la prestación por desempleo, así como seguirán reclamando las dos nóminas y la paga extraordinaria que están pendientes de pago.

Por su parte, Miguel López, portavoz de los trabajadores de la planta ayamontina, aseguró que Pescanova "ha tirado a la calle cochinamente a personas que en algunos casos llevaban aquí trabajando hasta 25 años". "Nos han olvidado -prosiguió- y estamos para ellos en el culo del mundo y de hecho nadie ha venido aquí a decirnos nada y sólo lo hacen mínimamente por teléfono y de forma poco transparente".

Del mismo modo, aseguró que la plantilla está "convencida" de que "esto no tiene vuelta atrás" y de que Pescanova no les pagará ni las indemnizaciones por "despido improcedente" ni las nóminas que les adeuda, por lo que "finalmente tendrá que hacerlo el Fondo de Garantía Social (Fogasa)".

Marín también expresó las sospechas de la plantilla sobre la posible existencia de algún "plan oculto" de Pescanova con la planta de Acuinova en Ayamonte ya que, según precisó, las instalaciones de San Fernando y Sanlúcar de Barrameda se han puesto a la venta, "mientras que éstas no". Es por ello por lo que indicó que "no vamos a abandonar estas instalaciones a su suerte e intentaremos que sigan vigiladas, porque ahora valen mucho dinero y si algún día se venden tienen que seguir conservando su valor para que nosotros podamos cobrar todo lo que se nos adeuda".

Por otra parte, lamentó que existen otras filiales de Pescanova en muy parecida situación a ésta: o bien están a punto de cerrar o bien lo han hecho ya, "cuyos trabajadores han seguido cobrando hasta el final, a diferencia de nosotros".

También incidió en la demanda que interpusieron contra Pescanova hace ya varios meses, "antes de que entrase en concurso de acreedores", precisó, por falta de carga de trabajo en la planta. En este sentido, los trabajadores de Acuinova en Ayamonte llevan todo el verano quejándose por haber tenido que seguir acudiendo a sus puestos de trabajo para no hacer nada. Finalmente, quiso poner sobre la mesa las subvenciones que la empresa ha recibido a lo largo de los últimos años para su puesta en marcha y para su funcionamiento posterior. En este sentido, puso como ejemplo la última que recibió por parte de la Junta, de aproximadamente un millón de euros, y que, a juicio de la plantilla, debería ser reclamada por la Administración autonómica.

Acuinova solicitó el concurso voluntario de acreedores para poder hacer frente al volumen de deuda generado, ya que, según figura en el expediente de extinción de empleo presentado recientemente por la empresa, se consideraba viable la continuación de la actividad mediante un convenio que implicase una reducción del pasivo.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra declaró el pasado 25 de julio el concurso de Acuinova y acordó la intervención de las facultades de administración y disposición, que las seguirá realizando el deudor.

Por su parte, el alcalde de Ayamonte, el socialista Antonio Rodríguez Castillo, lamentó la liquidación ordenada por el juez para Acuinova, ya que según sus palabras por una parte supone "un verdadero drama humano para las 17 familias afectadas" y por otra se pierde una "planta señera", que según precisó, era capaz de cultivar langostinos y, en menos de 24 horas ponerlo vivo en cualquier mercado del mundo.

Rodríguez Castillo también subrayó que Acuinova ha sido una empresa "muy apoyada institucionalmente" en los últimos años tanto por el Consistorio de la ciudad fronteriza como por la Junta , "por lo que suponía para el desarrollo no sólo de Ayamonte, sino de toda la zona".

Preguntado sobre las subvenciones recibidas por la empresa, el regidor afirmó que si se detectase que ha habido subvenciones, y que estas se encuentran pendientes del cumplimiento de los compromisos que a cambio de ellas adquieren las empresas, "la Junta de Andalucía debería solicitar a Pescanova su reintegro".