La inspectora jefe de la Policía Local de Almonte, Francisca Borrero, ha presentado una demanda contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento por sacar las bases para cubrir su puesto "sin estar este vacante" y ha apuntado como causa de esta acción "acoso moral".

La demanda se interpone frente al anuncio de 11 de enero de 2021 del Ayuntamiento de Almonte por el que se sacan las bases para la provisión por el sistema de libre designación del puesto de Jefe de la Policía y se pide la suspensión del procedimiento.

Dicho anuncio se llevó a cabo después de que la corporación, en pleno de 9 de julio de 2020, adoptara el acuerdo de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo modificando la forma de provisión del puesto de Jefe de la policía y su denominación, "sin que en ningún momento a la misma se le diese audiencia causándosele una evidente indefensión", indica Borrero, que en 2011 se convirtió en la primera mujer policía en Andalucía en alcanzar el rango de inspector.

Ante esto, en el mes de noviembre, tras resolverse por el pleno del Ayuntamiento, el recurso de reposición planteado por dos centrales sindicales a dicha modificación, Borrero presenta un escrito de reclamación de anulabilidad, con suspensión y/paralización del procedimiento de modificación de la RPT y retroacción del mismo, al otorgamiento de audiencia como interesada.

A pesar de ello y "de forma inmediata" y sin otorgarle audiencia debida como interesada, al quedar afectado su puesto de trabajo, ni resolver expresamente la reclamación formulada por la misma, por Resolución de la Alcaldía, de fecha 24 de noviembre de 2020, se procedió a la aprobación de la convocatoria para la provisión de su puestos por el procedimiento de libre designación.

"Dicho puesto actualmente se encuentra ocupado por la funcionaria demandante, desde el año 2011 y así consta en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento; dicho puesto de Jefe de Policía Local no se encuentra vacante", precisa Borrero en su demanda.

Es precisamente por este último hecho, es decir, por no estar su plaza vacante, por lo que la demandante considera que se está ante "unas bases nulas de pleno derecho".

Además, considera que el acuerdo que se impugna es "un hostigamiento constitutivo de acoso moral que implica un grave atentado" a su integridad moral, que "se ve sometida a tratos degradantes que impiden el libre desarrollo de su actividad profesional, con la finalidad de perturbar el ejercicio de sus labores, pues la misma es la actual Jefa de la policía local y con nombramiento vigente".