La Policía Autonómica precinta siete casas rurales en Puerto de la Laja

La Policía Autonómica precintó ayer las siete viviendas que la empresa 'Bau-Ksar' rehabilitó para ser destinadas al turismo rural en el antiguo poblado minero de Puerto de la Laja, en El Granado.

El alcalde de El Granado, Juan Manuel Burga (PSOE), señaló que el motivo por el que se había llegado a dicho precintado era la inexistencia de licencia de apertura de las casas debido, a su vez, a la falta de documentación preceptiva.

A este respecto, Burga precisó que con esta actuación el Consistorio local lo único que había hecho era aplicar "la ley", después de que hubiese una resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) favorable.

Por su lado, 'Bau-Ksar' ha venido denunciando en los últimos años las continuas trabas que ha sufrido por parte del Ayuntamiento en la tramitación correspondiente para la consecución de dicha licencia.

Según añade la empresa, después de haber cumplido todos los requisitos establecidos en la ley para la concesión de licencia de apertura, más los requerimientos del Ayuntamiento en el procedimiento administrativo abierto al efecto, el Consistorio la deniega fundamentando que dichas viviendas contravienen la ordenación territorial o urbanística, habiendo obtenido todas ellas previamente licencia de obras para rehabilitación de casas del citado poblado minero. Pero además, los agentes también precintaron otra vivienda que construyó un particular, Francisco Romero Ramírez, en dicho paraje y por la que en su día fue denunciado el primer edil por parte del presidente de la Fundación 'Pura Vida', Gregorio Díaz Alabau.

En concreto, un juzgado de Valverde del Camino admitió a trámite una denuncia contra Burga por los presuntos delitos de ordenación del territorio y prevaricación.

En la denuncia, se explicaba que en abril de 2003, esta organización de defensa medioambiental alertó al Ayuntamiento de El Granado de una construcción "ilegal" que realizaba Francisco Romero Ramírez en el paraje del Puerto de la Laja, perteneciente a dicho término municipal.

Dicha denuncia motivó, el 15 de mayo de ese año, que el Ayuntamiento granadino paralizase las citadas obras por carecer de licencia, ante lo que instó a la solicitud de la misma. Entonces intervino el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que corroboró la carencia de dicho permiso.

El 18 de marzo de 2004, dicho ciudadano presentó la solicitud de licencia, acompañando un proyecto técnico suscrito por el arquitecto técnico Rafael Aguilera Carrasco para la ampliación de la vivienda para local en bruto.

Tras haber sido informado favorablemente dicho proyecto y obtenida la licencia, el denunciado construye una vivienda de dos plantas, totalmente contraria al ordenamiento jurídico urbanístico, máxime dado el grado de protección del suelo en cuestión, que está clasificado como de especial protección al estar incluido en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catalogo de la Provincia de Huelva", es decir la obra ejecutada no se ajusta al proyecto que obtuvo licencia.

Por todo ello, tanto el alcalde, "que en su obligación de actuar no lo hizo" como el responsable de las obras podrían haber incurrido en un "concurso de delitos", entre los que destacan los de ordenación del territorio, contra los recursos naturales y el medio ambiente.

De igual modo, también habrían incurrido en una posible prevaricación medioambiental por "omisión dolosa e imprudente", "ya que existía una especifica obligación legal de actuar, y ello porque aun es cierto que la prevaricación funcionarial o política en materia de ordenación del territorio no contempla de manera expresa la comisión omisiva, no puede olvidarse que la prevaricación omisiva ha sido admitida por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en acuerdo general de 30 de Junio de 1997".

La Asociación 'Pura Vida' pidió entonces al juzgado que extendiese la citada denuncia contra todas aquellas personas o autoridades que como consecuencias de las pruebas que se practiquen pudieran derivarse cualquier tipo de responsabilidad por los hechos que se relatan en el escrito presentado.