Provincia

Piden cuatro años de cárcel al concejal de Urbanismo de Almonte por los daños en el Asperillo

  • La Audiencia Provincial de Huelva decidirá por un delito de prevaricación contra José Miguel Espina

  • Hay dos empresarios a quienes piden la misma pena

  • El código ético del PSOE le obliga a dimitir

Daños en el sistema de dunas del Asperillo después de las obras ahora enjuiciadas.

Daños en el sistema de dunas del Asperillo después de las obras ahora enjuiciadas. / M. G. (Almonte)

El primer tienente de alcalde de la localidad de Almonte, José Miguel Espina Bejarano junto con otras dos personas implicadas en los daños producidos en el paraje de Médano del Asperillo dentro del Espacio Natural del Doñana, se enfrentan a una petición de cuatro años de cárcel en la vista que tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Huelva. Así lo decidió ayer el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado, quien añadió también una pena de inhabilitación para el edil de 15 años por un presunto delito de prevaricación. El código interno del PSOE obliga a los cargos en representación del partido a presentar su dimisión tan pronto como se les comunique la apertura de un juicio oral por un delito penal, como es el caso.

Según el auto al que ha tenido acceso Huelva Información, el magistrado considera a los tres como responsables de un delito de daños a un espacio natural, por lo que solicita para cada uno de ellos “una pena de prisión de cuatro años con inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, así como una multa de 24 meses con cuota diaria de 6 euros sujeto a una responsabilidad subsidiria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas”.

De manera adicional para el edil de Urbanismo del Ayuntamiento almonteño, se añade un presunto delito de prevaricación por el que se le solicita una pena de 15 años de inhabilitación. Además, ellos y de manera subsidiaria el Ayuntamiento, deberán indemnizar al Espacio Natural de Doñana por “las operaciones de restauración del acantilado afectado”.

Concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almonte, José Miguel Espina Bejarano. Concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almonte, José Miguel Espina Bejarano.

Concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almonte, José Miguel Espina Bejarano. / M. G. (Almonte)

Será la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Huelva la que deberá abrir juicio oral contra los tres implicados, para los que se mantiene la situación de libertad provisional, una vez escuchadas las partes, la Abogacía del Estado en representación del Servicio Provincial de Costas, así como la descripción de los hechos llevada a cabo por el Ministerio Fiscal.

La comunicación de la apertura del juicio oral contra el concejal del Ayuntamiento, implica la presentación inmediata de su dimisión como cargo público, así como la petición de su baja en el partido, tal y como se recoge de manera explícita en los estatutos de régimen interno del mismo. Esta llegaría en un momento más que delicado para la gobernabilidad del Ayuntamiento almonteño, toda vez que según el pacto de Gobierno, está a punto de pasar a manos del PSOE después de dos años de ejercicio de Mesa de Convergencia quien ostenta la Alcaldía. Por el momento, desde el PSOE de la provincia no se han querido pronunciar sobre las medidas previstas contra el concejal, cuyo nombre estaba designado a ser el próximo alcalde de la localidad almonteña.

Los hechos comienzan en el verano de 2019 a raíz de una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil sobre unos daños producidos en las dunas fósiles del Monumento Natural de Médano del Asperillo, en el Espacio Natural de Doñana, cuando una empresa de excursiones a caballo abrió un paso a la playa en dicho lugar.

El 2 de agosto de ese mismo año, el Juzgado de La Palma del Condado dictó un auto en el que hacía constar que las obras llevadas a cabo “excedían con mucho las labores de mantenimiento” que se especificaban en los documentos presentados para su autorización. En septiembre de ese mismo año, los investigados por los hechos, prestaron declaración en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva. La empresa de rutas a caballo, anunciaba poco después su disolución.

No fue hasta mayo del año pasado cuando el juez encargado del caso acordó continuar los trámites del procedimiento y según confirmó en su momento el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los hechos podían ser constitutivos de delitos contra la ordenación del territorio. Sobre estas premisas se dio orden de continuar la causa que será enviada ahora a la Audiencia Provincial para que determine la fecha del juicio oral.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios