Un autónomo de Ayamonte ha sido exonerado del pago de 24.000 euros (24.349,51 euros) que debía a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social gracias a la Ley de Segunda Oportunidad.

La Asociación de Ayuda al Endeudamiento ha sido la que ha llevado el caso de L.A.S, un autónomo que sufrió un descenso en sus ventas debido a la situación vivida en España con la llegada de la pandemia Covid-19, esto hizo que el deudor tuviera que debatir entre seguir pagando sus cuotas de autónomo o hacer frente a los gastos cotidianos de subsistencia.

Finalmente, decidió dejar de pagar algunas cuotas de autónomo. La acumulación de la deuda no tardó en aparecer por lo que la cuantía a deber se hizo inasumible con sus ingresos, llegando a superar los 24.000 euros.

Antes de ello, intentó sin éxito conseguir un aplazamiento de sus obligaciones de pago con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Empezaba a no ver la solución para pagar todo lo que tenía pendiente, sumado a sus gastos esenciales familiares.Llegado este punto, en 2022 contactó con la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, entidad formada por abogados y economistas especialistas en ayudar a personas insolventes desde donde le aconsejaron acogerse a la "Ley de la Segunda Oportunidad".

Pepe Domínguez, letrado de la asociación, ha apuntado que "los tribunales cada vez son más conscientes de que los créditos públicos se deben incluir en el mecanismo de segunda oportunidad, si no, este instrumento no cumpliría los objetivos que nos marca la Unión Europea con él".

Para conseguir el perdón el primer trámite fue comunicar al Juzgado Mercantil de Huelva la situación del interesado mediante un "preconcurso de acreedores", iniciando así un período de negociación, algo difícil teniendo obligaciones de derecho público, debido a la negativa inicial de estas Administraciones a dar facilidades de pago.

Para ello se acreditó fehacientemente que era un deudor de buena fe y que intentó pagar hasta donde pudo. Una vez comprobado estos presupuestos se dictó la resolución definitiva concediendo el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) dejando a este deudor libre de pagar 24.349,51 euros.Lo único que sí queda vivo tras el proceso es una pequeña parte a pagar a las administraciones públicas. Está pendiente de aprobación por el Tribunal que el resto de la deuda, la que no se ha perdonado, se abone en 60 cuotas mensuales de 250 euros mensuales. Tras esto, sí que quedará libre completamente.