La Audiencia Provincial de Huelva ha impuesto penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para siete acusados de participar en un alijo de más de 2.600 kilos de hachís a través de la costa onubense.

La sentencia considera probado que los siete acusados se concertaron para introducir hachís a través de la costa de Huelva y con tal fin una embarcación semirrígida, la noche del 13 de diciembre de 2019, introdujo un alijo desde Portugal que descargó en las inmediaciones del río Carreras en Isla Cristina, para marcharse después del lugar en el que había presencia policial.

Se trataba de una descarga inicial de 52 fardos, con peso aproximado de 1.716 kilos, que fueron introducidos en furgoneta, conducida por un hombre posteriormente detenido, que fue avistada en dirección Huelva por agentes de la Guardia Civil, quienes al comprobar que la furgoneta estaba visiblemente cargada, le dieron el alto.

En la madrugada del 14 de diciembre, la semirrígida se aproximó a la costa y continuó la descarga del alijo en la playa de Punta del Moral en Ayamonte, donde esperaban al menos 15 individuos y varios vehículos para recibir la carga y orientados a la salida del lugar.

Allí fueron detenidos cuatro de los acusados e incautados dos vehículos con 10 fardos de hachís, mientras que en la playa se intervinieron 22 fardos más de droga.

Tras la descarga, la embarcación semirrígida abandonó la zona del alijo, se dirigió a mar abierto y fue abarloada por otra embarcación cargada de bidones de gasolina que había navegado sin luces hacia ella y en la que se encontraban otros dos hombres, que fueron interceptados y detenidos.

En total se intervinieron 84 fardos de hachís, de idénticas características, con peso de 2.604,940 kilos que hubieran alcanzado en el mercado clandestino un valor de 4.738.140 euros.

La Audiencia los considera responsables de un delito contra la salud pública e impone a seis de los acusados la pena de prisión de 3 años y 6 meses y dos multas de 9.000.000 a cada uno; mientras que al séptimo, reincidente, le eleva la condena de cárcel a cuatro años y seis meses y las multas a 12 millones de euros.