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Paymogo aprueba una moción para que se pida información a Emerita del proyecto Romanera

  • El pleno del Ayuntamiento pide a su alcaldesa detalles sobre el proyecto de explotación minera

Pleno de toma de posesión de la nueva corporación municipal en Paymogo. Pleno de toma de posesión de la nueva corporación municipal en Paymogo.

Pleno de toma de posesión de la nueva corporación municipal en Paymogo. / M. G. (Paymogo)

El pleno del Ayuntamiento de Paymogo ha aprobado una moción, presentada por el grupo socialista, para pedir a su alcaldesa, María Dolores Fernández, que, antes de poder dar trámite a cualquier acto administrativo relativo al permiso de investigación en el yacimiento minero de La Romanera, solicite a la empresa Emerita Resources diversa información ante "las incertidumbres" que les genera el proyecto.

Esta moción, que se aprobó en el pleno del Consistorio de Paymogo, se podría abordar también en el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán al afectar dicho yacimiento al término municipal de las dos localidades. En concreto, en la moción, solicitan a la alcaldesa de Paymogo que, antes de poder dar trámite a cualquier acto administrativo relativo al permiso de investigación La Romanera, solicite a la empresa el proyecto del permiso de investigación y se dé traslado al pleno municipal. Además, la moción pide que se solicite a Emerita el expediente de adjudicación del permiso de investigación La Romanera a la Junta de Andalucía, así como la oferta presentada por la misma.

Se trata de solicitar a la alcaldesa de Paymogo que requiera a Emerita Resources documentación que acredite "su solvencia técnica y financiera para poder llevar a cabo este proyecto", así como detalle las cantidades destinadas a mejoras sociales de Paymogo y Puebla de Guzmán.

Los socialistas explican que el permiso de investigación Romanera afecta a 51 cuadrículas mineras dentro de los términos municipales de Puebla de Guzmán y Paymogo y destacan que, hasta la fecha de la presentación de esta moción,  desconocen las cantidades comprometidas por Emerita Resources de inversión para el permiso de investigación o la documentación oficial que permita comprobar la propiedad de dichos derechos mineros. Así, de los documentos analizados acerca de la actividad de Emerita Resources, desde el Grupo Socialista han destacado tres, el primero de ellos relativo al MD&A del cuatro trimestre 2019.

En este documento aparecen las cuentas anuales auditadas correspondientes al ejercicio de 2018 y al tercer trimestre de 2019, así como los estados financieros intermedios del cuarto trimestre de 2019. Ambos documentos empiezan con una descripción de las actividades de Emerita Resources Corp. en la que se ponen de manifiesto "las elevadas dificultades legales y económicas a las que se enfrentan para la explotación rentable de minerales".

Según recoge este documento, "la Sociedad necesita financiación adicional para la adquisición de capital y para la investigación de sus propiedades minerales. Debido a las continuas pérdidas, la continuidad de la Sociedad como empresa en funcionamiento depende de su capacidad para obtener una financiación adecuada y alcanzar niveles de explotación rentable. No es posible predecir si los esfuerzos de financiación tendrán éxito o si la Sociedad alcanzará niveles de explotación rentables (...)".

De hecho, "la situación patrimonial de la sociedad canadiense es tan comprometida como la de la filial española. En el balance de las cuentas anuales del último trimestre se observa que la matriz de la recurrente tiene pérdidas acumuladas por importe de 16,6 millones de dólares canadienses". Además, la moción recuerda que "los administradores de Emerita reconocen en su informe de gestión correspondiente al cuarto trimestre de 2019 que ni la filial española ni la matriz canadiense han explotado nunca ningún yacimiento minero".

El segundo de los documentos referidos por los socialistas es el correspondiente a la auditoría del 31 de agosto, donde Emerita Resources manifiesta que el permiso de investigación Plaza Norte de Cantabria era por tres años, pero "puestos en contacto con el Gobierno de Cantabria para contrastar este punto, éste nos manifiesta que el plazo de investigación de este permiso fue de 13 meses y que fue denegada la prórroga por incumplimiento "flagrante" de las condiciones del permiso otorgado".

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