Pagar una VPO a precio de vivienda libre

El estallido de la burbuja inmobiliaria no sólo ha dejado a su paso un reguero de desahucios, quiebras de constructoras, incremento de los índices de morosidad en las entidades bancarias y unos niveles de desempleo que en Andalucía alcanzan el 35% de la población. Los efectos colaterales de este maremágnum económico han tocado de lleno a familias que se han quedado a merced del fuego cruzado de las constructoras, con sus acreedores y, a su vez, inmersos en el laberinto de vericuetos legales que aún están por ver cómo se resuelven.

El complejo residencial de la calle Huelva, en La Palma del Condado, presenta este colectivo de damnificados que, por un motivo u otro, se sienten estafados por la constructora Juan de Robles S.A que, según los vecinos, se encuentra en concurso de acreedores.

Estas cerca de cuarenta viviendas se ofertaron como un residencial de lujo y alto standing. Adosados con garaje, trastero y zonas comunitarias como piscina y pista de pádel, infraestructura esta última que jamás llegó a ejecutarse. Con esta campaña de marketing, hubo propietarios que abonaron 144.000 euros por vivir poco menos que en el paraíso. La realidad fue mucho más cruda. Tras fracasar la venta de la promoción a consecuencia del hundimiento del mercado inmobiliario, la constructora inició los trámites para reconvertir el parque inmobiliario en VPO a efectos de poder acogerse a las ayudas que ofrecía la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. El objetivo era encajar el complejo residencial en el régimen de protección al alquiler con opción a compra, de conformidad con el Real Decreto 2066/2008 de 12 de Diciembre por el que se aprueba el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

En síntesis, quienes compraron de primera hora se sienten estafados por pagar como renta libre lo que posteriormente se reconvertiría en VPO, con la consiguiente depreciación que ello conlleva.

Sin embargo, quienes alquilaron se sienten igualmente engañados. Catalina Vargas explica que ellos firmaron el contrato con la promesa de las ayudas ligadas a la VPO, como figuraba el cartel que los recibía a la entrada de la urbanización y en la cláusula vigésimo primera del contrato, en la que se indica que "será presentado a la Junta de Andalucía" con el fin de solicitar "la subvención de Fomento del Alquiler o cualquier otra subvención a que tenga derecho". De momento no han recibido ninguna de estas ayudas y, de otro lado, en la institución autonómica se les ha informado que el precio por el alquiler no habría de sobrepasar, los 250 euros mensuales. Por el contrario, actualmente pagan 372 euros por 85 metros útiles distribuidos en dos plantas, más una plaza de garaje de 25 y "un trastero de ocho metros que no nos han construido".

Vecinos como Salvador Mestres indican que no es el único elemento que exaspera a los arrendatarios. Antes de la entrega de llaves tuvieron que hacer frente al pago de 2.236 euros correspondientes a posibles impagos de la renta. Un dinero que desconocen a qué se habrá destinado.

Por otra parte, en el contrato se indica que un 50% del precio del alquiler abonado durante los diez años mitigará en igual proporción el precio de venta. Sin embargo, matiza Mestres, "lo cierto es que aquí nadie conoce a cuánto nos saldrá la casa". El contrato es tan enrevesado que textualmente cita que la opción de compra "sobre la vivienda arrendada" será "1,27 veces el precio máximo de referencia establecido en la calificación provisional de la misma previamente actualizado mediante la aplicación porcentual del Índice de Precios de Consumo desde el año siguiente al de la calificación definitiva". El galimatías que ninguno ha podido desentrañar.

No acaban aquí los despropósitos. Los desperfectos por problemas de humedad o techos resquebrajados son una realidad, si bien cuando firmaron el contrato, "algunos sobre el capó de un coche en la propia urbanización", aceptaban explícitamente que estaban de acuerdo con el estado de sus futuras casas.

En cualquier caso, insisten en que existe un flagrante incumplimiento de contrato pues alquilaron con la condición de tener unos servicios de los que carecen como piscina o la pista de pádel. Por otra parte, sus hijos juegan en una zona donde el muro que delimita la urbanización con la vía del tren se encuentra resquebrajado y con riesgo de desprendimiento, mientras que en el otro ala no se ha completado el cerramiento con valla metálica, con riesgo de que los menores se caigan o puedan acceder libremente a jugar en los raíles.