El Partido Popular de Huelva, con Juan Manuel González y Carmelo Romero, como senadores en la provincia, ha llevado a la Cámara Alta una iniciativa aplicable a la zona litoral onubense con la finalidad de, según han declarado, "proteger a las familias afectadas por su aplicación en la costa de Huelva". 

La Ley de Costas se trata de un tema histórico que "afecta a muchas familias con propiedades desde Almonte hasta Ayamonte". Las personas de los municipios afectados, propietarias que cuentan con viviendas legales en la zona, temen según González "al ver amenazadas sus construcciones por los nuevos deslindes de dominio público. 

La propuesta de modificación de la Ley de Costas recibió luz verde en el Senado durante el último Pleno, poniendo el foco en "proteger núcleos urbanos de tipología tradicional" y centrándose en "evitar la demolición o supresión de viviendas que existieran antes del deslinde y que estén integradas en el entorno costero, por considerarlas patrimonio cultural, histórico o turístico". 

Juan Manuel González y Carmelo Romero, senadores del Grupo Popular en Huelva.

El documento que recoge la modificación de ley cuenta también con el el testimonio de los propietarios que adquirieron inmuebles previos a la Ley de Costas de 1988, o que se han visto en primera línea de playa tras la pérdida de arena debida al cambio climático o fenómenos costeros. 

Otra de las preocupaciones a las que ha hecho referencia el Senador es a la "incertidumbre que las nuevas disposiciones normativas han llevado a muchas familias a enfrentarse a posibles órdenes de demolición o incluso a perder sus propiedades sin ninguna compensación". 

"Salvaguardar" el patrimonio histórico y "proteger" las viviendas de particulares

La propuesta del Grupo Popular ha incluido disposiciones específicas aplicables a la protección de los núcleos urbanos costeros en la provincia de Huelva, tratando de "asegurar el cumplimiento de los requisitos culturales, históricos o etnográficos". Entre dichas disposiciones, han propuesto la iniciación de un proceso en el que las administraciones públicas (Gobierno, Junta de Andalucía y Ayuntamientos) puedan tomar decisiones "de manera transparente y justa". 

El PP de Huelva pretende, a través de la modificación de la Ley de Costas, "proteger los derechos de los propietarios costeros" al mismo tiempo que se conserva el patrimonio cultural y el ecosistema litoral de la provincia.