La imputación y apertura de juicio oral contra el concejal José Miguel Espina de Almonte, cumple su segundo día desde que Huelva Información adelantara la decisión del Juzgado de Instrucción de La Palma del Condado cuyo tutular le pide cuatro años de prisión y 15 de inhabilitación por los presuntos delitos contra el espacio natural y prevaricación, por autorizar unas obras en el paraje protegido de El Asperillo.

Ayer, la portavoz de la Ejecutiva del PP provincial, Paqui Rosa, expuso su convencimiento de que “debería dimitir, dejar el cargo y centrarse en probar su inocencia”. Menos explícita se mostró cuando se le cuestionó sobre las posibilidades que estarían abiertas si no lo hiciera, algo que se sustenta en el endiablado reparto de concejales del Ayuntamiento de Almonte.

En estos momentos gobierna Mesa de Convergencia en la persona de Rocío del Mar Castellano, con el apoyo de PSOE que consiguió 6 concejales y el PP con sus tres ediles. Frente a ellos Ilusiona, con 9 representantes ganó las elecciones y una concejal independiente. Si el concejal Espina se pasara al grupo de no adscritos y no devolviera el acta que le pertenece a él y no al partido, la correlación de fuerzas podría dar un vuelco al relevo en la Alcaldía que debía producirse en estos días y para el que Espina era el principal candidato.

Por el momento, desde el PSOE se guarda un silencio absoluto y todos los intentos por conseguir una valoración de la gestora que en estos momentos rige la marcha del partido, han sido infructuosos. Nadie parece tomar la decisión de pedir la aplicación del código ético del partido que recoge que en el momento de la apertura de juicio oral por un delito penal (como es el caso), el afectado debería renunciar a su cargo, entregar el acta y pedir la suspensión de militancia, algo que no se ha producido.

El concejal del PSOE en Almonte, José Miguel Espina.

Ayer fue el PP de Almonte el que solicitó a primera hora de la mañana la “entrega de forma inmediata su dimisión y su acta para dirimir este proceso penal y defender su presunción de inocencia al margen de la representación institucional y el cargo como gestor público que ocupa”. Para los populares almonteños se trataría de “ un gesto de dignidad y de integridad política” que el concejal hubiera procedido a “comunicar su renuncia y a hacer entrega de su acta durante la celebración del Pleno Extraordinario de esta semana, y no comportarse como si no pasara absolutamente nada, como ocurrió realmente”.

Los populares almonteños recordaron también que el propio PSOE, “como tantas veces se ha encargado de recordar”, recoge en su código ético interno la obligación de dimitir en cuanto un cargo del partido tenga noticia de la apertura de una causa oral por delito penal contra su persona, “circunstancia esta en la que nos encontramos”. Este código, que no es de dominio exclusivo del PSOE, sino “un ejercicio de honestidad y transparencia que ostentan otros partidos como el PP”, ya ha sido aplicado con antelación por los populares, “sin tener ni remota comparación con la causa a la que se enfrenta Espina Bejarano”. Así, el Partido Popular de Almonte, “en lo que va de legislatura, ha puesto de manifiesto con claridad cuál es su apuesta por los valores de la honestidad, de la transparencia y de la honorabilidad de sus cargos, pues entendemos la ética como condición indispensable para el servicio público”.

Hace pocos meses, el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Ángel Fernández, “presentó su dimisión voluntaria e irrevocable por una cuestión que ni si quiera atendió a cuestiones jurídicas si no morales, demostrando de este modo no sólo el reconocimiento de su falta, sino la aceptación de su responsabilidad”.

Por tanto, el PP de Almonte pide al PSOE que, “atendiendo a la gravedad de los cargos y la situación en la que esto coloca al primer teniente de alcalde de nuestro Consistorio, dé un paso de responsabilidad inmediato para que el Ayuntamiento de Almonte pueda seguir con absoluta normalidad su gestión en el día a día sin asuntos que puedan intoxicar la imagen del conjunto del equipo de Gobierno. Finalmente, apuntan el deseo de que José Miguel Espina Bejarano pueda defender su causa desde el ámbito personal con todas las garantías y discreción necesarias”.