A vueltas con las prejubilaciones y las sucesivas regulaciones de empleo en la Cuenca Minera de Huelva. El PSOE y el PP han entrado en una dinámica que les retrotrae al cierre de la mina de Riotinto en 2003 para echarse en cara supuestas irregularidades acaecidas en las jubilaciones de los mineros y eso que la Unión Europea acaba de recordar que las ayudas que se dieron no se ajustaban a derecho y exige su devolución.

El Gobierno, entonces del PP, la Junta de Andalucía, CCOO y UGT firmaron un acuerdo para dar carpetazo al cálculo de los coeficientes para la adjudicación de prejubilaciones a los mineros onubenses. Los sindicatos recogieron en la Subdelegación, presidida por Carmelo Sanmartín, una copia de la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social que ratificaba los listados enviados por los sindicatos con los mineros susceptibles de prejubilación y los criterios a seguir. La rúbrica llevó la paz a los tajos.

UGT, por boca de Luciano Gómez, calificó el acuerdo de "bueno para los mineros", CCOO lo aplaudió, el Gobierno facilitó el cumplimiento de las medidas sociolaborales y la Junta se comprometió a aportar hasta 6 millones de euros para los trabajadores que accedieran a las prejubilaciones. Los sindicatos incluyeron a 860 personas en las listas. En Riotinto el acuerdo incluyó en un principio a 301 trabajadores que se acogieron al plan pactado entre Junta y Gobierno el 1 de abril de 2003.

Ocho años después, las disputas políticas cuestionan aquel acuerdo y ponen lo firmado y tramitado por todos ellos, algunos siguen en el mismo sitio (Manuel Pastrana, José Antonio Viera, Manuel Alfonso Jiménez), en tela de juicio.

Entre tanto, el Gobierno andaluz exigió ayer al presidente del PP-A, Javier Arenas, que explique las "implicaciones directas" del ex delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, y del exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, en las presuntas irregularidades del ERE de Minas de Río Tinto.

La exigencia fue planteada por la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Mar Moreno, que acusó al PP de acumular sobre los ERE "más mentiras que irregularidades detectadas".

Moreno explicó que se ha venido acusando a la Junta de haber "falseado o amañado" edades y coeficientes reductores en el ERE de Minas de Río Tinto, cuando ahora resulta que "nos encontramos ante el cazador cazado". "Arenas calificó de espeluznante la manipulación de los coeficientes y ahora resulta que este expediente era responsabilidad absoluta del Gobierno del PP, siendo ministro de Trabajo Eduardo Zaplana y delegado del Gobierno en Andalucía y mediador con los trabajadores Juan Ignacio Zoido, actual candidato a la Alcaldía de Sevilla", denunció.

Zoido -según la Junta- fue el responsable político que mantuvo todas las reuniones con los sindicatos y "validó" a instancia del Ministerio las listas de prejubilados y los trabajadores que aportaban los sindicatos sobre un ERE que financiaron el Estado y la Junta.

La consejera opinó que si Arenas considera espeluznante este caso "confío en que estime espeluznante también la gestión de Zoido y Zaplana", al tiempo que ha reclamado explicaciones y responsabilidades políticas.

El actual Ministerio de Trabajo "revisará" el expediente de regulación de empleo (ERE) de Minas Río Tinto, recordó Moreno, que criticó que el PP esté "disparando a todo lo que se mueve, pero en este caso se ha disparado a sí mismo, pese su lamentable juego de intentar mancharlo todo".

Antes de un mes la Junta facilitará a los tribunales los resultados de la investigación interna que está llevado a cabo sobre el resto de ERE supuestamente irregulares, una investigación que va "a toda máquina" aunque aún no han detectado más anomalías después de confirmar que hay 39 personas que reciben fondos públicos sin corresponderle.

Por su parte, el PP andaluz calificó de "ridículas" las acusaciones de la Junta de Andalucía sobre la responsabilidad de Juan Ignacio Zoido y Eduardo Zaplana en las presuntas irregularidades del ERE de Minas de Río Tinto (Huelva) y anunció que su partido emprenderá acciones legales.

En declaraciones a Efe, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, afirmó que "no hay ningún andaluz" que se pueda creer que el PP metiera a "intrusos socialistas" en los ERE, y que estas acusaciones son un intento de crear "cortinas de humo", fruto del "nerviosismo" del PSOE por verse involucrado en este "monumental escándalo".

Sanz advirtió además de que el PSOE haría mejor "en ser transparente", porque todavía quedan muchos socialistas "por desfilar en este escándalo y tendrán muchas explicaciones que dar". Y anunció que su partido "emprenderá acciones legales" contra la consejera de la Presidencia y el expresidente andaluz, Manuel Chaves.