El PGOU abre la puerta a la legalización de construcciones en suelo rústico

El Ayuntamiento de Almonte ha encontrado un resquicio entre los numerosos vericuetos que presenta el Plan General de Ordenación Urbana, que rige desde el 2007 el diseño urbanístico de la población, para permitir de facto y sin posibles injerencias de otras administraciones la legalización de construcciones en suelo rústico. Tras las bendiciones a esta propuesta brindada por la Comisión Provincial de Urbanismo, cuya última reunión se celebró el pasado martes y a la que habrá que sumar su posterior aprobación definitiva en Pleno, los propietarios de estos inmuebles contarán con una base jurídica para iniciar los trámites para su legalización.

No sólo eso. Esta modificación, que bien podría circunscribirse al éxito de la diplomacia del equipo que preside el alcalde Francisco Bella, abre no sólo la puerta a la legalización de los famosos aperos de labranza, los cuales no podían exceder hasta ahora de los 40 metros cuadrados de superficie construida, sino que amplía este área hasta los 90, si bien condicionados a que las fincas dispongan de una hectárea de terreno. En cualquier caso, se permiten 40 metros más por cada hectárea. Igualmente, se permite la legalización de cobertizos y casetas de pozos en suelo rústico, según informa el Ayuntamiento.

El concejal de urbanismo, Agustín Periañez, subraya que gracias a estas innovaciones se estima, a groso modo, que podrán legalizarse "entre el 80 y 90% de las construcciones" o portales, como eufemísticamente se denomina en Almonte a este tipo de inmuebles. Se trata, en ocasiones, de edificaciones que bien pudieran ser calificadas de chalets y que nada tienen que envidiar a los que se asientan en residenciales de lujo.

El proceso ha sido largo e incluso a efectos de dar seguridad jurídica a los afectados, durante el diseño del PGOU se amplió el número de metros cuadrados destinados a casetas de aperos, aunque no existía forma de ir más allá. En el fondo subyacía el temor de no sortear el más que posible veto de la Junta de Andalucía, al no cumplir con los requerimientos y preceptos del Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (POTAD). La presión contra este documento fue enorme por parte del PP y no era cuestión de darle alas a sus críticas autorizando que un municipio emblemático como Almonte se lo saltase a la torera.

Ahora, con las aguas calmadas y solventada la presión del ladrillo, las modificaciones puntuales 4b y 5 brinda una vía de escape a un problema que había cobrando tintes sociales por el gran número de ciudadanos afectados que levantaron sus portales al calor de la permisividad de la que en antaño hacían gala las distintas administraciones. No es por ello de extrañar que el propio Bella hable de "magnífica noticia para muchos ciudadanos".

El Ayuntamiento también ha enfatizado en que "otra circunstancia que ayudará a resolver esta innovación al PGOU es la demanda de más porcentaje edificable en el plan especial de El Pocito junto al casco urbano de Almonte, algo muy solicitado por los ciudadanos en este sector destinado a actividades agropecuarias". Con anterioridad a esta medida la normativa permitía que la construcción tan sólo ocupase el 10% de la parcela para instalaciones, mientras que ahora se amplía al 60%, siempre y cuando se trate de graneros, cobertizos, guadarnés o cuadras. Estos cambios también se harán extensibles a la altura de las naves, con lo que se "adecuaran a las necesidades" de sus propietarios al eliminarse la altura máxima de siete metros y medio, siendo tan sólo necesario la justificación de los promotores frente al ayuntamiento.

Fuentes municipales indicaron que el anterior PGOU generaba cierta "confusión" con los términos agrario y agrícola, lo que a efectos reales impedía que se creasen infraestructuras ganaderas en suelo con catalogación de rústico. La norma también da cobertura jurídica a proyectos como el tanatorio, ubicado en este tipo de suelo y que ya sólo precisa para su autorización de dos hectáreas de terreno en vez de tres.

Francisco Bella emplazó a los afectados a iniciar los trámites con la mayor premura posible a efectos de legalizar estas construcciones, a la vez que puso a su disposición "el Departamento de Planeamiento y Urbanismo, así como sus técnicos externos". Bella recordó que el Seprona, como cuerpo de la Guardia Civil dedicado a velar por el suelo rústico prosigue con su labor "priorizando las zonas en las que existen espacios naturales protegidos, como es el caso de Almonte".

Almonte es uno de los pueblos con mayor número de construcciones erigidas sobre entornos de espacios de especial protección. Durante años se hizo la vista gorda hasta que a finales de 2008 y principios de 2009 de forma inmisericorde comenzaron a emitirse centenares de multas remitidas desde el propio ayuntamiento y que ascendían a la nada desdeñable cifra de hasta 100.000 euros. La zona de El Porretal se convirtió en una de las más afectadas, sobre todo teniendo en cuenta que los terrenos son públicos, si bien sus benefactores explotan las tierras en virtud de una añeja e inmemorial concesión administrativa, cuyos derechos se han heredado a través de generaciones. La nueva legislación urbanística deja la puerta abierta a la legalización de estas construcciones e incluso el ayuntamiento habla en su comunicado de que las sanciones "se podrán rectificar al encontrarse en proceso de legalización".