El caso Orta da un vuelco al encontrar la juez un posible delito de prevaricación

La investigación que sigue el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva en relación con la presunta trama fiscal destapada en el Ayuntamiento de Aljaraque en abril de 2008, que tiene en el punto de mira al ex alcalde del PP, Juan Manuel Orta, y su mano derecha, el ex concejal de Urbanismo, Casto Pino, da un vuelco.

Más de tres años después de que se iniciara la instrucción que llevó a los calabozos ( 2008) a los ex gestores populares del Consistorio y a otras dos personas, sale a la luz que la titular del Instrucción 3, Margarita Borrero, ha encontrado en el amplio expediente un posible delito de prevaricación, según ha podido confirmar este diario por fuentes judiciales. Sin embargo, tanto el ex regidor como el abogado que representa Casto Pino, Francisco Baena Bocanegra, afirmaron a este diario que no tienen notificación de nuevas imputaciones

A la espera de poder concretar contra quien va esta imputación, a estas alturas del procedimiento se elevan ya a cuatro los delitos encontrados por la autoridad judicial, de forma que la prevaricación se suma al blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad documental que supuestamente fueron cometidao por estos dos inculpados.

Orta y Casto Pino fueron detenidos en abril de 2008, junto a un socio del ex alcalde, A.G., y a la esposa del concejal de Urbanismo.

La trascendencia del hecho de que la encargada de la instrucción vea visos de prevaricación en el expediente va más allá de una cuestión de números: por primera vez desde que saltó el caso, la juez vincula las acciones delictivas supuestamente cometidas por el ex regidor de Aljaraque y el ex concejal de Urbanismo a la gestión pública, durante el tiempo que estuvieron llevando las riendas del Ayuntamiento.

Aunque han pasado casi tres años desde las detenciones, continúan practicándose diligencias y este mismo mes están citadas a declarar ante la juez Borrero otras tres personas: un perito y dos testigos. Éstos serán los próximos pasos que se produzcan en el procedimiento.

Los arrestos se produjeron después de una investigación que llevaba abierta 14 meses, en la que intervino el Servicio de Vigilancia Aduanera. A lo largo de estos meses se rastrearon cuentas bancarias de los dos ex cargos políticos, así como de las de sus colaboradores, se examinaron sociedades y, en varias ocasiones, la autoridad judicial solicitó documentación al Ayuntamiento de Aljaraque.

En enero de 2007, el promotor inmobiliario y ex militante del PP Rafael Barroso presentó una denuncia en la que aparecían los nombres de los imputados ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, que derivó el caso a Huelva. En aquel momento, el ex alcalde respondió a Barroso con una querella por injurias, calumnias y denuncias falsas. Hasta la fecha no se ha constatado que la causa tenga como origen la referida denuncia o una inspección de la Agencia Tributaria.

Después de que Anticorrupción trasladara el caso a Huelva, el Juzgado de Instrucción número 3 se hizo cargo del asunto. El empresario Barroso acusó al primer edil de un presunto delito de enriquecimiento de su patrimonio personal en los doce años que estuvo al frente del Ayuntamiento, así como del presunto cobro de comisiones ilegales, denuncia que hizo extensible al concejal de Urbanismo, Casto Pino.

Hace algo más de un año, el amplio expediente judicial que el Instrucción 3 tenía en sus manos después de años de intensa investigación y toma de declaraciones, engordaba considerablemente casi de la noche a la mañana con la documentación de otra investigación que había llevado hasta entonces la Fiscalía, en relación con los terrenos contaminados de Corrales, sin que advirtiera ningún tipo delictivo.

El Ministerio Público, al que durante 2008 y 2009 llegaron al menos dos denuncias consecutivas de familias que adquirieron viviendas en una de las urbanizaciones ubicadas en el núcleo de Corrales, remitió copias al Juzgado de Instrucción número 3 para que tuviera conocimiento de los hechos que relataban los denunciantes y descarte (o confirme en su caso confirmara) si guardaban algún tipo de relación con la investigación que tenía abierta en aquel momento.

Sin hacer ningún tipo de calificación de la construcción y concesión de licencias por parte del Ayuntamiento en los terrenos afectados por la contaminación de metales pesados, afección que fue declarada de forma oficial por la Junta en agosto y octubre de 2007, pasadas ya las elecciones municipales de mayo de aquel año, a las que Orta ya no concurrió.

Entre abril y mayo de 2006, el Ayuntamiento de Aljaraque desoyó los requerimientos de la Junta para que informara de la situación de los terrenos potencialmente contaminados por haberse desarrollado en este suelo la actividad minera y el departamento andaluz de Medio Ambiente advertía de consecuencias futuras si el Ayuntamiento no daba contestación a su petición de información.