Los países de Iberoamérica anunciaron ayer la creación del primer Observatorio de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la región y dieron a conocer los resultados de su primer informe durante la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tiene lugar en La Antigua, Guatemala.

El Observatorio, con sede en La Rábida, cuenta inicialmente con un panel de 14 expertos iberoamericanos, cifra que aumentará a medida que avance el proyecto.

Su objetivo es producir informes bianuales con los resultados de las principales investigaciones medioambientales en Iberoamérica y hacer recomendaciones para enfrentar los problemas más acuciantes en los países más amenazados.

El primer informe hace un inventario de iniciativas ciudadanas que trabajan para mitigar los efectos del cambio climático o a favor de la sostenibilidad en la región. Así, incluye, los principales resultados de investigaciones existentes sobre cambio climático en los países de Iberoamérica y, por otro, las acciones y experiencias que se están llevando a cabo en la región por parte de una diversidad de actores. En líneas generales, el informe contempla en su análisis las dimensiones económica, social y ambiental al tiempo que conecta con los objetivos de la Agenda 2030.

El documento gira en torno a ocho áreas temáticas: Vulnerabilidad, Desarrollo bajo carbono, Energía, Transporte, Bosques y agricultura, Agua, residuos y economía circular y Sensibilidad ciudadana.El informe advierte que “la población iberoamericana es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, ya que más de la mitad de los habitantes en Latinoamérica vive en aquellos países con un mayor índice de riesgo socioecológico”: Cuba, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Paraguay.

La población iberoamericana es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, ya que más de la mitad de la población vive en países con un mayor índice de riesgo socioecológico

La vulnerabilidad varía entre los grupos sociales y países, son mujeres, los niños, los ancianos y los agricultores los grupos que sufren más las consecuencias del cambio climático. Además, la pobreza, la desigualdad y la rápida urbanización son también factores claves de vulnerabilidad.

El documento recoge que si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, las temperaturas para 2100 aumentarán entre 1,6 y 4 grados en América Central y hasta los 6,7 grados en el resto de Iberomaérica. En Europa, las temperaturas subirán entre 1 y 4,5 grados si se reducen las emisiones, y hasta 5,5 grados de no reducirse.

En caso de no reducirse las emisiones, el mar podría subir hasta valores de entre 45 y 82 centímetros

En 2020 el número de personas que sufrirán escasez de agua como resultado del cambio climático en Latinoamérica se situará entre 12 y 81 millones. Asimismo, en caso de no reducirse las emisiones, el mar podría subir hasta valores de entre 45 y 82 centímetros en 2100 de forma generalizada en toda la región, con la consecuente desaparición de núcleos poblacionales.

El 46% de la superficie de Iberoamérica está cubierta por bosques, de los que el 75% son primarios y dentro de ellos, la selva amazónica es el más extenso del planeta. Por ello, el informe indica que es necesario tomar medidas de adaptación a las consecuencias provocadas por el cambio climático, a la vez que emprender acciones de mitigación drásticas y urgentes.

Se calcula que las pérdidas económicas acumuladas por los efectos del cambio climático en América Latina entre los años 1970 y 2008 superan los 81.435 millones de dólares, de los cuales más de la mitad se corresponden con pérdidas por los daños causados por tormentas extremas.

Un aumento de 2 grados de temperatura media podría suponer un coste económico para Latinoamérica de unos 100.000 millones de dólares en 2050, lo que representa en torno a un 1,4% del PIB de Iberoamérica correspondiente a 2014.

En Latinoamérica se estima que la inversión necesaria para adaptarse a los efectos climáticos es una cuarta o sexta parte de los costes anuales de estos impactos, que se estiman entre 17.000 y 27.000 millones de dólares al año.

Los objetivos de desarrollo sostenible precisan canalizar de recursos públicos y privados

El informe indica que las inversiones para garantizar la lucha contra el cambio climático y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible necesitan de un coherente canalización de recursos públicos y privados.

La inversión en infraestructuras en los próximos años debe redirigirse a aquellas bajas en carbono y con mayores beneficios sociales. La necesidad de inversión pública obliga también a repensar modelos fiscales en todos los países que se sean más equitativos y que graven la falta de cumplimiento de los objetivos internacionales.

Las inversiones en protección social desempeñarán un papel clave en el aumento de la resiliencia de la población, junto a herramientas como el pago por servicio ambiental o la garantía de ingresos. Para ello, es preciso trabajar en mejorar la capacidad institucional, la planificación democrática y la transparencia, así como el diálogo social y la participación informada de todos los grupos.

Directamente relacionados

La desigualdad y el cambio climático están directamente relacionados, de modo que la inversión para reducir el impacto del segundo, supone igualmente invertir en la reducción del primero y por tanto en mitigar la vulnerabilidad de la población.

El Observatorio y su primer informe fueron presentados por la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe de España, Juan Pablo de Laiglesia; y el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo.

El proyecto es producto de un acuerdo de cooperación entre la Diputación de Huelva, la Junta de Andalucía, la Secretaría General Iberoamericana y el Gobierno de España.

La XXVI Cumbre Iberoamericana en La Antigua es la primera que cuenta con una agenda global de futuro. Bajo el lema Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible, busca que los países de la región unan esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.