El 7 de febrero de 2002, hace 20 años, una columna minera formada por más de un centenar de trabajadores de las minas de Riotinto, en su inmensa mayoría afiliados al sindicato CC.OO., iniciaba una caminata de cinco días hasta Sevilla para exigir a las Administraciones central y autonómica solución a una de las crisis mineras más agudas de los últimos tiempos. Además, cuarenta trabajadores, entre los que se encontraban sindicalistas de la UGT, se encerraban en la mina de Sotiel Coronada, Calañas, y otra columna de mineros partía de la mina de Almagrera con el mismo destino y propósito que la de Riotinto.

La situación socioeconómica en las zonas mineras de Huelva en el otoño de 2002 era más que crítica, con el precio del cobre en mínimos históricos, a 1.500 dólares la tonelada, y unas cifras de paro insoportables (en torno al 50%) entre los colectivos más vulnerables: jóvenes y mujeres.

Nerva contaba con 6.200 habitantes, la localidad con mayor número de población en la Cuenca Minera de Riotinto, pero muy lejos de los más de 16.000 que llegó a tener en los años 30 del siglo pasado o los 12.000 de la década de los 60. La localidad minera llegó a perder el 20% de su población durante los más de 10 años en los que la explotación minera permaneció cerrada.

Las minas de toda la provincia fueron cerrando, una tras otras, hasta paralizar por completo la explotación minerometalúrgica de la Faja Pirítica Onubense. Al poco tiempo, la cotización del cobre comenzó a subir, hasta alcanzar los 2.867 $/Tm en 2004, pero para entonces ya era demasiado tarde. Tan solo tres años después del cese de la actividad minera, la tonelada de cobre ya se cotizaba a 3.685 $, y llegó a alcanzar una media de 6.725 $/Tm en 2006.

Los manifestantes se concentran frente al Palacio de San Telmo.

La Cuenca Minera de Riotinto tuvo que esperar 13 largos años para ver de nuevo latir con fuerza su corazón minero. Por el camino se perdieron cientos de empleos (principalmente relacionados con la actividad minera e industria auxiliar) y mucha población. Además, la diversificación económica proyectada para amortiguar el golpe no aguantó la crisis de 2007, salpicada con expedientes de regulación de empleo en las empresas más importantes de la zona.

Esta es una de las zonas con mayor actividad minera y metalúrgica más antiguas del mundo. En este enclave explotado por tartessos, fenicios, griegos, romanos, británicos y españoles a lo largo de los últimos 5.000 años, nuevos inversores han vuelto a poner en valor el oficio de minero de la mano de Atalaya Mining con el Proyecto Riotinto, reactivando de esta forma la legendaria explotación. Pero hasta aquí, el recorrido de los últimos 20 años no ha estado exento de todo tipo de vaivenes y obstáculos.

Carrera de obstáculos

A finales de julio de 1995, los trabajadores de la empresa minera se convirtieron en dueños de la misma por el simbólico precio de 1 peseta. Ante la marcha anunciada de la empresa privada que gestionaba la milenaria mina, fueron los propios mineros los que decidieron dar un paso adelante con la creación de una Sociedad Anónima Laboral (SAL) que permitió la continuidad de la actividad durante algunos años más, justo hasta que el precio del cobre comenzó a caer en picado haciendo inviable el proyecto.

Las primeras señales de debilidad se visibilizaron a ojos de la sociedad comarcal en abril de 1998 con el impago de parte de las indemnizaciones correspondientes a la baja de los prejubilados de la extinta MRT. A punto de cumplir sus tres años de vida, la SAL, que mantenía a más de 700 trabajadores activos, buscaba crédito oficial para salir de la crisis provocada por la caída de los metales en el mercado internacional. En septiembre de ese mismo año se paralizaba la línea del cobre con un expediente de regulación de empleo.

La caída de los precios y la crisis de los mercados chino y ruso comenzó a quebrar el reto de una empresa gestionada por sus propios trabajadores. Como primeras medidas para salir de ese impás la empresa anunció la petición de varios préstamos al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), además de deshacerse de las acciones por valor de unos 600 millones de pesetas que mantenía en el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos ubicado en Nerva.

Imagen de archivo de uno de los mineros de la provincia de Huelva que acudió a la histórica marcha hacia Sevilla para exigir a la Junta de Andalucía una solución para una de las peores crisis del sector.

De forma paralela, en octubre de 1998, los alcaldes de la Cuenca Minera acordaron por unanimidad en el seno de la Mancomunidad una serie de medidas para exigir a las Administraciones central y autonómica su apoyo firme y decidido al mantenimiento de la actividad minera. Los primeros ediles de los siete municipios que forman parte de la comarca demandaron un plan de desarrollo alternativo similar al que se llevaba a cabo en las comarcas mineras del carbón, al mismo tiempo que la concesión de ayuda económica que contribuyera a paliar transitoriamente la situación coyuntural por la que atravesaba la empresa minera.

Los mineros no tardaron en salir a la calle para reivindicar las ayudas prometidas desde las distintas Administraciones: un aval de 1.500 millones de pesetas del ICO y otros 1.000 millones del IFA. En septiembre de 1999 comenzaron las primeras movilizaciones en forma de manifestaciones y cortes de carretera en lugares estratégicos, como el acceso al vertedero de residuos tóxicos y peligrosos con dos camiones de gran tonelaje propiedad de la SAL.

La tensión aumentaba con el paso de los meses. A mediado de noviembre de 2000 se inició otra protesta con el encierro de media docena de mineros a 500 metros de profundidad en Pozo Alfredo. Días más tarde, dos volquetes de gran tonelaje cortaban las entradas a Nerva y Riotinto. De forma paralela, los alcaldes de la zona volvían a exigir la liberación de las ayudas prometidas, a la vez que defendían la entrada de capital privado en la mina.

Concentración de los mineros onubenses con banderas de CCOO al fondo.

Los mineros volvieron a la carga el 17 de enero de 2002 con una manifestación multitudinaria por las calles de Huelva capital, mientras en la Cuenca Minera secundaban de forma mayoritaria una huelga comarcal. Aquella protesta fue el inicio de una serie de acciones que se prolongarían por espacio de meses. Dos semanas más tarde, los mineros iniciaban una concentración permanente a las puertas de la Mancomunidad Cuenca Minera y un encierro indefinido en la sede del organismo supramunicipal para conseguir el cobro de las nóminas atrasadas. A esas alturas, la empresa ya no era propiedad de los trabajadores.

El último estertor del sector de la minería metálica en Andalucía lo protagonizaron los mineros de los centros de Riotinto y Almagrera, abocados a un cierre más que anunciado, con una marcha a pie hasta Sevilla, entre el 7 y el 11 de febrero de 2002, para defender el mantenimiento de sus puestos de trabajo, mientras otros compañeros se encerraban en el pozo de Sotiel Coronada. La Emisora Municipal de Nerva, Onda Minera, fue testigo directo de aquella gesta protagonizada por los mineros para conocimiento público de toda la comarca. Con motivo del 20 aniversario de la efeméride, próximamente se publicará un libro que narra aquella gesta sindical.

Ya con la actividad minera completamente paralizada, a la marcha a pie protagonizada por la columna minera le siguieron otras movilizaciones para exigir a MRT el cumplimiento de lo estipulado en el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), a la vez que se daba por hecho la firma del acuerdo marco para la aplicación de medidas sociolaborales.

Reactivación del sector

En 2007 aparecía en escena Emed Tartessus, empresa de origen chipriota que, al rebufo del repunte de la cotización del cobre en el mercado internacional de los metales en torno a los 7.000 $/Tm, pretendía la reapertura de la histórica mina. Pero antes tendrían que poner todo su empeño en intentar solucionar problemas heredados. Al año de su llegada solicitaba los permisos pertinentes a la Junta de Andalucía para arrancar la actividad, pero el proyecto de reapertura no terminaba de convencer a la Administración regional.

En abril de 2009, el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, valoró de forma negativa el plan presentado por la empresa minera, causando un gran desconcierto en la Cuenca Minera. Dos meses después, Emed presentaba un nuevo proyecto para recuperar la actividad minera en la zona, y nombraba al asesor financiero Goldman Sachs gestor principal de la financiación del mismo. El plan preveía la creación de 363 empleos directos y una inversión de 211 millones de euros, y contemplaba una vida de explotación superior a los diez años. Sin embargo, la transmisión de los derechos mineros por parte de la Junta a la compañía minera dificultaba la operación.

Emed Mining, compañía matriz de Emed Tartessus, presentó en público su nuevo proyecto a mediado de 2010. Pretendían completar el procedimiento de obtención de los permisos necesarios para iniciar el proyecto a finales de ese año y comenzar con la producción de cobre en 2011. La empresa recibió más de 3.000 solicitudes de trabajo al poco de abrir su bolsa de empleo. Los colectivos sociales de la Cuenca Minera demandaban cada vez con mayor insistencia la reapertura de la mina. La inactividad de la mina asombraba a todos los expertos por el alto valor de cotización del cobre, que superaba los 8,200 dólares por tonelada.

Un momento de la marcha de cinco días hacia la capital andaluza.

En 2011, los trabajadores de Emed decidieron dar un paso adelante para conseguir la ansiada reactivación del sector minero en la zona organizando una serie de actos reivindicativos para presionar a la Junta, entre los que se encontraba el encierro de cuatro operarios a 200 metros de profundidad en el túnel calle 14 de Pozo Alfredo, a dos meses de las Elecciones Locales de 2011 y un año antes de las Elecciones al Parlamento de Andalucía de 2012. A los cuatro días, se accedía al desbloqueo de los derechos mineros, pero se cuestionaba el proyecto e imponían nuevas garantías sociales. En septiembre de este mismo año, Emed seguía aguardando la respuesta de la Junta. Un mes después la empresa recibía el apoyo de los exmineros y accionistas de MRT. La Asociación de Antiguos Mineros de Riotinto, titular del derecho administrativo, se ponía al lado de la multinacional Emed Mining.

A finales de marzo de 2014, la Junta dio el visto bueno a la viabilidad de la reapertura de la mina de cobre de Riotinto, concediendo la Autorización Ambiental Unificada (AAU). Un mes después, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz anunciaba la transmisión definitiva de los derechos mineros para que Emed pudiera arrancar su proyecto. A los pocos días, el nuevo consejero delegado de la compañía minera, Alberto Lavandeira anunciaba que para finales de 2015 la mina ya estaría produciendo concentrado de cobre. El viernes 17 de abril de ese mismo año, tras trece largos años de inactividad y siete interminables de tensa espera, se produjo la primera voladura controlada que simbolizaba la reapertura de la histórica mina a cielo abierto más grande de Europa. En octubre de ese mismo año, Emed pasó a denominarse Atalaya Mining para iniciar la fase comercial en Riotinto. En abril de 2022 se cumplirán siete años de la primera voladura controlada en la milenaria mina de Riotinto, tras dos décadas de inactividad.