Mesa de Convergencia e IU piden la dimisión de la alcaldesa

Almonte/Mesa de Convergencia e IU han puesto en jaque el gobierno municipal al reclamar la dimisión de Rocío Espinosa como alcaldesa de Almonte. Sendos grupos políticos demandan, además, la constitución de un gobierno de coalición integrado por las cuatro fuerzas políticas con representación en la cámara local (PSOE, PP, MdC, e IU), y que la Alcaldía pase a manos de uno de los dos líderes de izquierdas.

Queda por dilucidar si la decisión no queda reducida a un mero brindis al sol, dado que en ningún momento en la rueda de prensa donde presentaron la propuesta se hizo mención expresa a la moción de censura, pero sí se habló de dar un plazo de quince días para que Espinosa responda a este envite.

Para Rocío del Mar Castellano, concejala y número dos de la marca blanca de Podemos en el municipio marismeño, la decisión se justifica en la política laboral "arbitraria" que viene desarrollando el equipo municipal y que ha acabado con varios ex concejales engrosando la nómina municipal. Pero no es el único elemento de disonancia.

Castellano denunció que los socialistas "han incumplido el acuerdo de investidura" y, lo más relevante, han dejado sin efecto la ejecución de los acuerdos que, por mayoría, se adoptan en la cámara local. En concreto de las 45 mociones llevadas a pleno y aprobadas por la oposición, treinta de ellas "no se han ejecutado". Entre las más relevantes citó "la creación de una comisión de investigación para las contrataciones laborales, la demanda de presupuestos participativos, la creación de clubes juveniles, la construcción de carril bici que comunique los tres núcleos de población", entre otras medidas que entiende perfectamente viables.

Pero las mayores críticas se centraron en la parcela laboral. La edil considera que "todos tienen derecho a optar a un trabajo", por lo que una institución pública no puede quedar sometida a un mero instrumento "de contratación de un partido político determinado". En este sentido censuraron la "falta de transparencia" para acometer estas contrataciones, que se formalizan a través de la oferta genérica al Servicio Andaluz de Empleo, "sin base, concurso o justificación de la necesidad de la urgencia"; prescindiendo así de "un tribunal de garantías".

El tema no es nuevo. Los populares ya denunciaron que la alcaldesa financiaba con cargo a las arcas públicas "a la mayor parte de la lista electoral con la que el PSOE concurrió a los pasados comicios municipales, amen de cuatro ex concejales". En concreto detalló que "Juan Francisco Espina pasó a ejercer el papel de secretario de grupo como cargo de confianza; y Loli Cáceres fue contratada como auxiliar administrativo, aun cuando se ha optado por el despido de la administración general en este mismo puesto".

Junto a ellos Rocío Rodríguez pasó al departamento de la mujer, a pesar de no tener formación cualificada para este puesto; mientras, Sebastián Pérez fue contratado como peón de ganadería, un puesto que históricamente ha tenido un fin social".

El portavoz de IU, Daniel Martínez, explicó que ante este panorama descrito por su compañera de izquierdas, "a la oposición sólo nos queda actuar" en defensa "de los ciudadanos y del interés común". En este sentido detalló decisiones como "la mayor subida de impuestos o el Plan de Ajustes aprobado sin consenso y aprovechando el momento en el que la oposición carecía de mayoría absoluta en la cámara".

Martínez también censuró que la alcaldesa "salvase a los suyos retirando a los abogados" en los procesos judiciales en los que se encontraban inmersos sus compañeros socialistas o "negándose a llevar al Consejo Consultivo" la compra de la Dehesa.

El PSOE recuperó en 2015 la Alcaldía después de convertirse en la fuerza más votada y quedarse a falta de un concejal de la mayoría absoluta.

En el PSOE el equipo de gobierno declinaba la posibilidad de pronunciarse sobre el envite lanzado por las fuerzas de izquierdas de la oposición. Entre tanto en el PP aguardan con cautela la situación y su portavoz, José Antonio Domínguez, se mostró a la espera de que se consume el periodo de 15 días de gracia otorgado por el MdC e IU a la alcaldesa.