El Juzgado dictamina que Millán cedió ilegalmente a trabajadores extranjeros

cartaya/El Juzgado de lo Social número 3 de Huelva ha declarado que la Fundación de Trabajadores Extranjeros en Huelva (Futeh) y la Asociación de Apoyo a los Trabajadores Extranjeros (AATT), presidida por Juan Antonio Millán, actuaron entre 2006 y 2011 como empresas interpuestas para la cesión ilegal de trabajadores. De ahí que haya declarado el carácter indefinido no fijo de un empleado del Ayuntamiento de Cartaya por considerar que ha sido víctima de un caso de cesión ilegal de mano de obra, y condena al Consistorio a su readmisión o al pago de una indemnización.

Según informó el Ayuntamiento de Cartaya (ICAR y PP) en un comunicado, la sentencia reconoce en esa cesión, que se produjo cuando se encontraba al frente del equipo de Gobierno el socialista Juan Antonio Millán, la "implicación activa" de la Fundación de Trabajadores Extranjeros de Huelva y la Asociación de Apoyo a los Trabajadores Temporeros que preside el propio Millán.

La sentencia considera que este trabajador (desde junio de 2006 a junio de 2011) "se le destinó de manera permanente y no coyuntural, a prestar servicios cuyo beneficiario exclusivo era el Ayuntamiento de Cartaya, utilizando medios de este último y quedando integrado desde un primer momento en la estructura organizativa municipal, a pesar de que los contratos de trabajo estaban formalizados en ocasiones con la Fundación y en otras con la Asociación". Como consecuencia, la sentencia reconoce que el empleado nunca trabajó ni para la Futeh ni para la AATT, y establece que "aparte de las posibles responsabilidades penales y administrativas que pueden conllevar tales conductas, quienes ceden ilegalmente trabajadores tienen que enfrentarse a responsabilidades laborales y de Seguridad Social".

La sentencia, según asegura el actual Equipo de Gobierno, "pone de manifiesto que tanto la Futeh como la AATT fueron utilizadas por Millán como pantallas para la cesión ilegal de trabajadores que realizaban tareas municipales y que de esta forma podían ser contratados de forma temporal de manera fraudulenta".

El nuevo Gobierno municipal se plantea la posibilidad de iniciar acciones penales ante la Fiscalía no sólo como consecuencia del "tráfico ilícito de trabajadores" sino además "para que investigue la posible justificación fraudulenta de las subvenciones que hubieran podido percibir entre 2006 y 2011 la Futeh y la AATT con las nóminas ficticias correspondientes a este y a otros trabajadores que, en realidad, eran trabajadores municipales".

El alcalde, Juan Polo (ICAR), anunció también que la Corporación tomará las medidas necesarias para exigir responsabilidades, porque finalmente el Ayuntamiento resulta perjudicado por la acción del anterior regidor, al tener que hacerse cargo de la indemnización correspondiente.