La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha anunciado la puesta en marcha de un "plan de choque" en las distintas sedes judiciales onubenses encaminado a hacer frente a la "avalancha" de procedimientos generados por la actual crisis derivada de la pandemia de la Covid-19, así como a la "parálisis" en la tramitación de casos.

Así lo ha anunciado la delegada territorial del ramo en la provincia onubense, María Ángeles Muriel, durante la visita institucional que ha realizado a Ayamonte para conocer de primera mano la situación de uno de los juzgados de la provincia onubense que habitualmente padece más retrasos en la tramitación de procedimientos judiciales.

En declaraciones a los periodistas a las puertas de dicha sede judicial, la delegada ha detallado que dicho "plan de choque" se va a aplicar atendiendo a "dos estrategias básicas". Por una parte con medidas de "autorefuerzo", que solo afectará a los juzgados de la capital provincial, donde se prolongará tres horas durante tres tardes a la semana la jornada laboral a un total de 61 funcionarios que ya se encuentran trabajando en los juzgados de lo Penal, Instancia y Familia: de 16:00 a 19:00 horas los lunes, martes y jueves.

Esta ampliación, según Muriel, afectará básicamente a todas las jurisdicciones de lo Penal, Civil, Familia, Social y Mercantil, que "entendemos que son los juzgados que más van a sufrir esta avalancha de procedimientos generados por la situación de la Covid-19, la cual también ha provocado una parálisis en los procedimientos". En este sentido, añade, "nos adelantamos a los numerosos procedimientos que van a venir como consecuencia de esta crisis, como es el caso de ERTEs que se convierten en EREs, impagos de pensiones o despidos, entre otros".

La segunda estrategia se centra en la llegada a los juzgados mixtos de la provincia de un total de siete refuerzos externos -o nuevos funcionarios-, los cuales según precisó la delegada territorial se distribuirán de la siguiente forma: tres para los juzgados 2, 3 y 4 de Ayamonte; dos para los 1 y 2 de La Palma del Condado, uno para el 1 de Valverde del Camino y otro para el 1 de Moguer.

El anunciado "plan de choque" también contempla el Juzgado de lo Social Número 4 que se va a poner en funcionamiento en la sede con que esta jurisdicción cuenta en la calle Vázquez López de la capital provincial, donde se sumará a los tres ya existentes y del que según Muriel "estamos a la espera de que el Ministerio nos señale la fecha para su puesta en marcha ya que las obras están realizadas y está todo preparado para que empiece a funcionar".

La delegada también anunció la incorporación de tres nuevos "auxilios" a la provincia onubense -dos a la capital provincial y uno a Ayamonte-, destinados a "agilizar los señalamientos de vistas" ya que según sus palabras "hay muchos juicios que están quedando pendientes de señalarse y celebrarse porque no había auxilios suficientes".

Refuerzo "especial" para los Juzgados de Ayamonte

En el caso concreto de la sede judicial ayamontina, la delegada territorial de Justicia admitió ser consciente de que "necesita un refuerzo mucho más especial" que el resto de partidos judiciales, de ahí que "de los siete refuerzos externos que se incorporan a la provincia, tres vienen a Ayamonte".

A esto se unen los cuatro refuerzos ya implementados en los Juzgados de Ayamonte durante la presente legislatura, por lo que según Muriel esta sede judicial "suma siete refuerzos, poniendo de manifiesto el amplio trabajo y esfuerzo que se está realizando en ella".

María Ángeles Muriel también ha resaltado la reciente puesta en marcha en Ayamonte del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía -SAVA-, "destinado a la atención integral a víctimas de cualquier delito, no solo de violencia de género", el cual mientras que en el resto de partidos judiciales onubenses funciona de forma itinerante –excepto en la capital-, en Ayamonte lo hace con carácter permanente "por la cantidad de procedimientos que existen".

Por último, se ha puesto en marcha en la sede fronteriza una sala Gesell destinada a facilitar la declaración protegida de víctimas vulnerables, la cual está acondicianada para interrogar principalmente a menores y a personas con discapacidad, evitando que éstas tengan que entrar en la sala del juicio a declarar frente a sus agresores y en presencia del propio tribunal.

En definitiva, para María Ángeles Muriel se trata del programa "más ambicioso de la historia de la Justicia en toda Andalucía", y por tanto "un esfuerzo sin precedentes que viene a demostrar el esfuerzo y compromiso de esta Consejería por agilizar la Justicia y por desbloquear los procedimientos".

El plan anunciado por la delegada supone una inversión de 7,2 millones de euros para toda Andalucía, de los que casi 500.000 se han destinado a la provincia de Huelva.