Primeros pasos para dar solución a la problemática que afecta a los 114 habitantes de la aldea de El Calabacino, en el municipio serrano de Alájar, un colectivo vecinal que ha visto en los últimos meses cómo cuatro de sus miembros han sido imputados después de que la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva entendiera que parte de sus casas está edificada sobre suelo protegido no urbanizable del paraje natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

En esa búsqueda de una salida "cabal" al entuerto, los afectados se reunieron recientemente con el director conservador del paraje, Antonio José López, y con el delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Antonio Cortés, una cita en la que también estuvieron presentes la presidenta de la Asociación de Vecinos Raíces de la aldea de El Calabacino, Cecilia Rodríguez; el letrado de la misma, Ignacio Martínez; uno de los afectados por las denuncias del Ministerio Público, el representante de la Fundación Savia Antonio Aguilera, el arquitecto Claudio Rodríguez y el experto en conservación y desarrollo sostenible Juan Acosta.

En dicho encuentro los afectados dieron a conocer la coyuntura a Cortés y López (como representantes de la Administración andaluza), aportándoles los datos técnicos que dan soporte a su reivindicación de legalidad, extraídos de los informes de impacto ambiental, de biodiversidad o el histórico-urbanístico de la aldea, periciales que se aportarán también a la causa judicial.

Según indicaron los representantes vecinales a Huelva Información, el delegado de Medio Ambiente en Huelva reconoció que el de El Calabacino es "un problema de grandes dimensiones sociales que no tenía que haber llegado a este punto, sino que debía de haberse resuelto en su momento incipiente, viendo la situación y resolviendo antes de que se convirtiera en un conflicto" en el que se apuntó como pieza clave para hallar la solución al Ayuntamiento de Alájar, del que depende la ecoaldea.

Los vecinos expresaron a Cortés que existe un "desfase entre la legalidad por medio de la normativa de aplicación vigente del parque y la realidad social". El delegado, por su parte, les garantizó que "hay voluntad política" para solucionar el conflicto, indicando al respecto, según la versión vecinal, que esta es "una oportunidad más que un conflicto irresoluble".

Subrayaron los afectados que la normativa urbanística actual para espacios protegidos como el serrano "se hizo en base a cubrir unas necesidades dadas por una realidad social que, tras más de 30 años de aplicación vigente, ha llegado al caso de El Calabacino", un termómetro que indica que esas necesidades "han cambiado y deben actualizarse mediante los mecanismos legales previstos a tal fin y sin más demora".

La Junta se comprometió en la reunión a revisar los criterios y a analizar una posible renovación de las normativas de gestión del parque Sierra de Aracena y Picos de Aroche, así como de las puramente urbanísticas, de modo que se recojan en el Plan de Ordenación de Alájar "las necesidades actuales y futuras de toda la población serrana", puesto que el problema "no es local, sino de desajuste legal que afecta a toda la población" del espacio protegido.

Como opción legal a este callejón sin salida que derivará en los pertinentes procedimientos judiciales, los vecinos ofrecieron a la Junta de Andalucía la posibilidad de aplicar una figura urbanística "reciente y poco utilizada en Andalucía como es el reconocimiento de la aldea como Hábitat Rural Diseminado". Según las fuentes consultadas, el delegado de Medio Ambiente se comprometió a estudiar la propuesta con su equipo técnico para "ver si las soluciones propuestas tienen un marco legal aplicable". Del mismo modo, se evaluarán otras alternativas.