La Junta reclama dos subvenciones por valor de 900.000 euros a Coborja

La Junta de Andalucía reclama la Cooperativa Panificadora San Francisco de Borja (Coborja) dos subvenciones que recibió en 2002 y en 2010 por un valor total de 900.000 euros. Coborja recibió en marzo de 2010 una ayuda para materializar un proceso de fusión con sus homólogas de Almonte (Cristo Obrero) y Lucena del Puerto (Coviluz). La operación no llegó a materializarse, una vez que las cooperativas no avalasen la operación en las asambleas generales. Un lustro más tarde Coborja se vio abocada a la quiebra después de que La Caixa se negase a negociar la hipoteca que pesaba sobre los bienes de la cooperativa, para lo cual reclamó en los juzgados la ejecución de la misma por importe de 600.206 euros, más 180.061 en concepto de intereses y costas.

En cuanto a la subvención, según la presidenta de la cooperativa bonariega, Toñi Amador, "todos los gastos se encuentran perfectamente justificados" y el dinero se destinó al pago "del estudio de fusión y sus gastos derivados; entre ellos la contratación de una consultoría, las publicaciones en los medios de comunicación de los acuerdos o las asambleas para aprobar el proyecto de fusión; además de las deudas pendientes con proveedores y acreedores".

Amador asegura que "a pesar de la pérdida del patrimonio inmobiliario (elude hablar de quiebra)" la sociedad está administrativamente en funcionamiento y "por responsabilidad voy a continuar" batallando para "salvar algo de lo que con tanto esfuerzo pusieron en marcha nuestros abuelos".

No es el único frente abierto. La juez Ayala se interesó en su día por otra subvención por valor de 150.000 euros concedida en 2002, a raíz de las declaraciones de Francisco Mencía y Miguel Ángel Serrano Aguilar, directores generales de IFA e IDEA respectivamente. En esta ocasión, estos fondos fueron para un plan de viabilidad, aunque Amador recuerda que ella accedió a la presidencia en 2008, si bien "mis compañeros me aseguraron que esa subvención "se justificó convenientemente".

En el marco de la operación sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, la juez Ayala también puso en el punto de mira a la sociedad cooperativa de consumo Virgen de la Luz (Coviluz), beneficiada por una subvención directa de 440.000 euros. Una entidad asentada en Lucena del Puerto, pueblo natal de que fuese director general de Trabajo, Juan Márquez, e imputado en la macrocausa. Los fondos se liberaron tras un convenio de colaboración entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que se firmó el 28 de julio de 2008.

A pesar de que Márquez estuvo en el cargo solo entre 2009 y 2010, sólo a él se le imputan la concesión de 114 ayudas sociolaborales y 17 directas a empresas por valor de 154 millones de euros "a sabiendas" de que tenía varios informes que cuestionaban abiertamente el modus operandi seguido en la tramitación de estas ayudas.

A la luz de estos hechos, Huelva Información se puso en contacto con la Junta de Andalucía para conocer si las subvenciones se justificaron por parte de la sociedad, así como el destino que se le dio a estos fondos públicos. La respuesta se demoró varias se semanas y, aún sin obtener respuesta, el 27 de enero de 2015 el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) resolvía "el procedimiento de revisión de oficio de colaboración de 14 de noviembre de 2002 suscrito entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto de Fomento de Andalucía, así como de la Resolución de 24 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, relativa a la concesión de una ayuda sociolaboral excepcional a la entidad S.C.A., Panificadora de Consumo San Francisco de Borja (RVO/019/2013), por un importe de 900.000,00 euros".

Es decir, han pasado cerca de trece años desde que la administración concediera la primera subvención, y cinco años desde la segunda, hasta que procede a su reclamación. Curiosamente la demanda de reembolso se produce cuando materialmente es muy improbable cobrar la deuda, puesto que el banco ya le ha embargado los bienes.

En Bonares nadie se explica que una entidad social que contaba con subvenciones de la Junta, el respaldo institucional del Ayuntamiento y el monopolio de la venta de haya ido a la bancarrota. Sobre ello tampoco se quiso pronunciar el que fue gerente de la entidad, Aniceto Pérez, quien declinó cualquier responsabilidad en la materia, alegando que "yo sólo era un trabajador más", mientras que el timón económico "quedaba en manos del presidente".

Fuentes cercanas a la entidad explicaron que más que un infortunio o la cruenta situación económica que atravesaron las empresas durante la crisis, la gestión fue "sin paliativos totalmente desastrosa". En este sentido, apuntan directamente al consejo de administración, "integrado por personas que no tenían ninguna formación académica o profesional, por lo que condujeron a la entidad sin una estrategia empresarial". Así lo demuestra, subrayan que, en vez de destinar recursos a la expansión en otras zonas geográficas, tomasen decisiones tan cuestionables como alquilar locales comerciales vacíos para evitar que se asentase la competencia, o disponer de tres puntos de venta en un municipio que entonces tenía menos de 6.000 habitantes censados".

La entidad llegó a tener en nómina hasta 13 trabajadores fijos y en su ocaso sólo quedó en plantilla un trabajador que fue subrogado al empresario al que se le alquiló el supermercado en el centro del pueblo. El resto se marcharon tras acumular varios meses sin cobrar.

El PP de Bonares ha pedido al alcalde, Juan Antonio García, (PSOE) que detalle "el destino de la subvención del 2002, periodo en el que ejercía de presidente de Coborja". Para el portavoz popular, Santiago Ponce, el líder socialista "tiene que dar cuenta a la ciudadanía de la bancarrota de una entidad emblemática del municipio y que la mayor parte del pueblo eran socios. Es necesarios poner luz y taquígrafos frente a una gestión opaca, durante la cual se dilapidó todo el patrimonio y esfuerzo invertido por muchos vecinos". Ponce destaca que en los últimos ejercicios (ya con Amador como presidenta) los gestores pudieron incurrir en un delito societario puesto que "las cuentas no fueron presentadas en las asambleas generales en las que se había de dar cuenta a los socios, que cuando reclamaban se excusaban diciendo que el ordenador se encontraba estropeado".