Las asociaciones de mariscadores a pie de la coquina se reunieron ayer con el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, Álvaro Burgos, para abordar la situación actual del sector. La reunión se produjo después de que la Junta de Andalucía publicara la nueva orden por la que se regula la actividad de marisqueo a pie profesional en el litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En el encuentro se abordaron numerosas cuestiones que preocupan a los mariscadores que se prolongó varias horas. Según señaló el propio Álvaro Burgos a Huelva Información, “hemos escuchado al sector y les hemos transmitido el esfuerzo que se ha hecho desde la Delegación por agilizar los trámites de dos meses a 45 días”.

La Consejería anunció la concesión de subvenciones a los mariscadores por el cierre del caladero por toxinas y algas, lo que ha ocasionado graves perjuicios a los profesionales del sector que, en palabras de la Junta, “pone en riesgo su continuidad y el mantenimiento del empleo”. Durante la campaña 2019-2020, el caladero de producción marisquera de coquina del litoral de Huelva ha sido objeto de continuos cierres por la presencia de la biotoxina DSP. Así desde el 1 de junio de 2019 hasta el 30 de enero de este año, las ocho zonas de producción de coquina han estado cerradas por la presencia de toxina por encina del 50% de los días hábiles de pesca. El cierre intermitente se ha seguido produciendo después.

La ayuda establecida para cada beneficiario es de 1.900 euros, una cantidad que esperan percibir cuanto antes debido a su “maltrechas” economía y a que tienen que seguir pagando el sello de autónomo a la Seguridad Social con independencias de que puedan trabajar o no.

Ademas de los cierres, se ha mantenido una veda de 45 días que concluyó el pasado 1 de junio. Sin embargo el caladero está clausurado de nuevo por la presencia de toxina, por lo que los mariscadores continuaban sin poder volver a faenar.

Reunión del delegado provincial, Álvaro Burgos, con lños representantes del sector.

“La Junta ha cumplido con el compromiso de adelantar el periodo de capturas. No obstante, la presencia de toxinas desde el 1 de junio ha motivado que la apertura de los caladeros aún no se haya hecho efectiva, de ahí nuestro interés por apoyar al sector en estos momentos”, ha declarado Álvaro Burgos, quien ha trasladado a los mariscadores los avances que se han llevado a cabo en la administración autonómica en las últimas semanas a pesar de las limitaciones del estado de alarma por la pandemia.

Asimismo, el representante de la Junta ha explicado el contenido básico de la nueva Orden de marisqueo a pie, que contempla, conforme a la viabilidad científica, un aumento en el número de licencias en la provincia de Huelva y distintos tipos de autorizaciones en función de si la actividad es genérica o específica para la coquina.

El delegado territorial ha informado sobre la tramitación de ayudas al sector, que al margen de las consecuencias económicas del Covid-19 venía padeciendo de forma continuada el cierre de las zonas de producción por seguridad sanitaria, puesto que se han repetido los episodios de la presencia de toxinas por encima de los límites legales. Los subsidios están en las últimas fases administrativas.

Por otra parte, Burgos ha hecho hincapié en la lucha contra el marisqueo ilegal que lleva a cabo la Junta en colaboración con el Seprona, con una especial atención en los últimos meses porque “debemos velar por la continuidad de los caladeros y por la salud de los ciudadanos, pero también por la seguridad jurídica y el futuro de los mariscadores que hacen bien su labor para sostener las economías de sus familias”.

La Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible también ha recopilado sugerencias de los propios mariscadores con el objetivo de mejorar el calendario de trabajo, condicionado principalmente por la presencia de toxinas en los bivalvos. Al margen de avanzar en los contenidos que son objeto de sus competencias, la Junta estudiará posibles soluciones que necesitan de la aprobación y compromiso del Gobierno de España y la Unión Europea en materia de pesca.