La Junta de Andalucía procedió en la tarde de ayer a retirar los animales muertos de la finca de El Judío de Gibraleón, el mismo día que este periódico publicó la denuncia realizada por vecinos de parcelas colindantes sobre la situación en que se encuentran las reses.

Los problemas que registra la finca ganadera de El Judío que vecinos de parcelas adyacentes han denunciado viene de lejos y se suceden desde hace años. En concreto, desde 2006, fecha que el Seprona de la Guardia Civil comenzó a actuar por problemas en la finca, que han motivado desde entonces un reguero de denuncias.

Informes, atestados, diligencias judiciales, infracciones administrativas, solicitudes de actas de inspección se han sucedido hasta el día de hoy sin que la mayoría se hayan resuelto. Sólo el puesto de la Guardia Civil de Gibraleón ha tramitado entre "60 y 70 actuaciones", a las que hay que sumar otras realizadas por el propio Instituto Armado y la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía.

El Seprona de la Guardia Civil ha actuado de oficio en varias ocasiones, tras las continuas reclamaciones presentadas por los vecinos de la aldea olontense, y ha propuesto sanciones a la empresa ganadera de reses bravas por la falta de cuidado de la finca y el mal estado del vallado. El dossier de las denuncias incluye material fotográfico y DVD que el colectivo vecinal ha ido aportando al sumario.

Es más, recientemente se ha celebrado un juicio a raíz de unas diligencias instruidas por el litigio que mantiene el propietario de la finca con los ganaderos de la sociedad Casta Brava que tiene arrendada la parcela.

La empresa, en contraste con las denuncias, niega las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, según las cuales "las reses se están muriendo de hambre por el abandono que padecen desde hace tiempo".

Casta Brava asegura que tres personas se desplazan a diario a la finca para "controlar y suministrar comida en abundancia a los animales" y que además existe un pozo que proporciona agua a las reses mediante un mecanismo automático.

Además, rechaza que las reses bravas estén hacinadas en un terreno pequeño y explica que la cabaña cuenta en otro cercado que dispone incluso de hierba fresca que ha crecido con las lluvias de las últimas semanas.

La empresa argumenta que la propia Junta de Andalucía ha confirmado el buen estado de las reses después de una inspección realizada el pasado día 18 de este mes a la finca, atendiendo a la petición realizada al servicio de retirada para que procediera a llevarse varios animales que habían muerto.

En el acta de inspección de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca consta que efectivamente los ganaderos había solicitado la retirada de las cabezas de ganado muertas en "reiteradas ocasiones, teniendo pruebas de ello". También refleja el acta que "el estado de carne de los animales" -es decir, su engorde- "ha mejorado respecto a la última visita" realizada por los servicios veterinarios y que en ese momento las reses bravas estaban comiendo de pienso.

Para los responsables de Casta Brava, a la vista de estos documento se puede comprobar que los animales están debidamente alimentados y cuidados y que en ningún caso se encuentran en situación de abandono. Para justificarlo, igualmente, aportan varias facturas sobre la compra de pienso para alimentar a las cabezas de ganado.

Sobre la causa de la muerte de algunas reses bravas, los ganaderos indican que una de ellas ha sido a consecuencia de un parto y que otras han muerto por varios motivos, entre ellos las peleas en que se enzarzan en ocasiones estos animales.

Los responsables de la empresa ganadera "sospechan que todo se deba a un movimiento oculto del propietario de la finca, que está utilizando a los vecinos del lugar para que los animales no continúen allí".

La Junta de Andalucía ha reconocido retrasos a la hora de retirar de la parcela las reses muertas, aunque explica que se ha debido a un problema con el seguro de la ganadería y con el Servicio de Retirada de Material Espefífico de Riesgos (MER).

La delegada provincial de Agricultura y Pesca, Esperanza Cortés, señaló ayer que ha existido un problema con la finca desde el pasado verano, aunque dijo ya se ha resuelto. Según Cortés, tras la intervención de la Administración autonómica la explotación ganadera ha recuperado la normalidad y todas las reses están identificadas, vacunadas y saneadas, y reciben una alimentación con normalidad. Las declaraciones de la delegada corroboran el informe del acta de inspección en lo relativo al suministro de comida.

Cortés aseguró que la Junta de Andalucía se va encargar (de hecho, ayer mismo lo hizo) de la retiradas de los animales muertos, pero con cargo a los ganaderos, a los que les achaca problemas con el seguro contratado con la empresa que realizada la retirada de los cadáveres, lo que ha motivo que se haya retrasado durante varias semanas.

La versión de los ganaderos contrasta con las denuncias formuladas por los vecinos de las fincas colindantes, según las cuales casi un centenar de cabezas de ganado bravo conviven en un espacio reducido y abandonadas por sus propietarios, por lo que algunas de ella han muerto por falta de alimentación.

Los vecinos aseguran que los animales carecen de refugio y que la reses muertas han sido devoradas en parte por perros y otras alimañas que transitan por el entorno. Además, se quejan del olor nauseabundo que origina el estado de la finca ganadera.

El colectivo vecinal teme que lo que hasta ahora es un problema animal se convierta en otro de salud pública, debido a que la podredumbre y defecaciones de los animales junto con el agua caída en las últimas semanas puedan llegar al subsuelo y contaminar las aguas subterráneas, teniendo en cuenta que en la misma finca existe un pozo, así como otros en las parcelas adyacentes. Añaden que el hecho de que animales como perros coman restos de las reses fallecidas representa un peligro más, por cuanto pueden transmitir enfermedades a las personas. Los vecinos considera que la situación es insostenible y reclaman la intervención de las autoridades para solventarla.