La Consejería de Fomento y Vivienda ha iniciado el "procedimiento de recuperación de oficio de las viviendas indebidamente ocupadas en la carretera A-493 de La Palma del Condado". Los okupas de la veintena de adosados en el municipio condal dispondrán ahora de quince días para presentar alegaciones, un trámite previo y preceptivo "a la propuesta de resolución de desalojo". Sin embargo, las familias lamentan que la Junta de Andalucía requiera estas propiedades mientras, en paralelo, se ofrecen ayudas al alquiler y soluciones habitacionales para aquellos ciudadanos que tienen bajos recursos económicos, como aseguran que es su caso.

Reyes Alcarranza, una de las afectadas, afirma que lleva "cerca de 14 años" residiendo de manera ininterrumpida con su marido y tres de sus hijos. La ciudadana palmerina denuncia que, a diferencia de otras personas que se han lucrado vendiendo estas casas o alquilándolas de manera ilícita, como si poseyeran el título de propiedad, las familias que residen en esta urbanización a las afueras del núcleo urbano lo hacen porque carecen de recursos para vivir en otra parte o afrontar los gastos que conlleva un alquiler.

Durante el último lustro ha reclamado la regularización de su situación y un alquiler social que les permita legalizar el enganche del agua y de luz. Los okupas invocan el decreto-ley 6/2013 de 9 de abril de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, que trata de evitar que pierdan su techo aquellas personas en riesgo de exclusión y se encuentren inmersas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria. En este sentido, indican que no es de recibo que mientras que la Administración obliga a los bancos a tener una sensibilidad social para con este tipo de colectivos, en aquellos inmuebles de propiedad autonómica "no apliquen el mismo criterio y accedan a buscar una solución".

La situación no es nueva. En 2013 ya pendía la orden de expulsión de estas viviendas y se produjeron diversos altercados con los operarios de la compañía eléctrica y del agua cuando los trabajadores trataron de cortar el suministro al que se habían enganchado de manera ilegal. La Consejería de Fomento y Vivienda supeditó entonces la permanencia en estas casas a "un estudio socioeconómico y laboral de sus ocupantes" al objeto de dilucidar de manera individual las necesidades de cada uno de los inquilinos, puesto que según la Consejería "algunos gozaban de nóminas que les permitiría afrontar el pago de un alquiler".

También se anunciaron fórmulas legales para que los moradores de las viviendas pudieran recibir suministro de luz y de agua de forma regularizada, dado que en ella residían menores y personas dependientes. No obstante, los okupas denuncian que estos compromisos jamás se materializaron.

El complejo residencial lo integran una veintena de viviendas que pertenecían al antiguo Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU). Tras la creación de las comunidades autónomas, allá en 1984, el Gobierno de España transfirió a la Junta de Andalucía estos inmuebles, quien optó por destinar las mismas al personal adscrito al parque de Conservación del Personal de Camineros. Dado que los trabajadores nunca podían gozar de la propiedad, conforme tuvieron recursos económicos optaron por ir adquiriendo sus propias viviendas, dejando estas libres e introduciéndose en ellas personas que no tenían donde vivir o querían emanciparse. Hoy día sólo un trabajador de la Administración reside en uno de estos vetustos adosados.