Juego de tronos en las costas onubenses

Asistimos absortos a la descomposición de nuestras costas, espacios turísticos de excelencia, por la falta de previsión y mantenimiento de playas y enclaves de Huelva. Esto se acentúa en años como 2018, donde el temporal exacerbado de finales de febrero y principios de marzo ha destruido las infraestructuras básicas que sirven de esqueleto al aparato locomotor de nuestra industria turística estival. La descomposición se multiplica como proceso químico, y se genera una batalla mediática entre administraciones, para mostrar quién atiende más y mejor las urgencias, y dar visibilidad a la intención política de coordinar voluntades y recursos.

Las costas onubenses se han convertido en campo de fuego entre instituciones, y los ciudadanos esquivamos flechas bidireccionales impregnadas de brea con llamaradas en la punta, que son estrategia de animación en la que líneas de arqueros las disparan, prendidas mediante antorchas y liberando una lluvia de fuegos artificiales, efectos especiales, falsos mitos. El cine no se preocupa del rigor científico e histórico; nosotros sí. Prender fuego a una flecha equivale a que se apague nada más dispararla por mucho que utilicemos combustible, o bien hay que envolver la punta, aumentando el peso y perdiendo capacidad de incisión. Lo mismo sucede con los anuncios y promesas que no terminan de convertirse en realidad. El verano ya está aquí, y la playa por barrer.

¿Cuál es la envergadura real de los daños producidos por el temporal? Primero paremos a analizar la importancia del litoral para una provincia como la nuestra, donde el turismo y los recursos naturales constituyen la principal fuente de riqueza, de vital importancia económica, ambiental y paisajística. El litoral onubense y sus instalaciones ya parten como envejecidos. Llueve sobre mojado. Nuestros municipios costeros llevan reclamando históricamente actuaciones integrales para la regeneración de sus playas, de la franja de costa (aportes de arena, estudios de mareas, espigones, etc…) y de los espacios públicos e infraestructuras urbanas colindantes, que son los que permiten a los ciudadanos disfrutar y acceder a un todo compacto, escaparate de un turismo que ha de ser de calidad. Paseos marítimos, depuradoras, aliviaderos, pasarelas, equipamiento de ocio, etc. Es imposible regenerar espacios hacia el atractivo utilizando únicamente los recursos propios locales. Se tasa en una media de varios millones de euros por municipio afectado la inversión requerida tras el temporal, englobando viviendas, negocios hoteleros y de restauración, espacios públicos urbanos, etc… Estas valoraciones se efectúan de forma reiterada anualmente por los arquitectos municipales, tras cada ciclo de contingencias, sin soluciones gratificantes, y el problema se hace histórico y acumulativo. Hay que distinguir entre obras de emergencia -imprescindibles para el funcionamiento y la seguridad de las personas- y las que no lo son.

El programa de ayudas de emergencia que los ayuntamientos pueden solicitar se basa a nivel estatal, en el Real Decreto 307/2005 de 18 de marzo, que regula los conceptos indemnizables, a saber: para las viviendas afectadas han de justificarse ingresos familiares exiguos, y carecer de seguro. Los importes son ridículos. Los seguros evitan la cobertura de situaciones sobrevenidas sobre chiringuitos y concesiones a flor de meteorología. Para los ayuntamientos las ayudas existentes son imposibles de asumir, porque hay que justificar haber ejecutado en escaso tiempo obras de importe superior al 3% del Capítulo de Gastos Corrientes de cada corporación, en orden de medio millón de euros en municipios tipo, de las cuales el ministerio aportaría el 50% a posteriori. El Consorcio de Cooperación de Seguros no ayuda a las corporaciones locales, pues los daños principales no son en bienes inmuebles edificios, sino en vías públicas, paseos marítimos, accesos a playas, casetas y duchas, torres de vigilancia, pasarelas, módulos de aseos y salvamentos…, los cuales carecen de esta cobertura supletoria.

Por lo tanto, los requisitos no se cumplen porque es imposible cumplirlos. Las ayudas suficientes no pueden llegar. La normativa no cubre las necesidades de la costa onubense, cambiante, afectada cíclicamente por movimientos climatológicos y mareales. Sin embargo las fotos y notas de prensa, parecen indicar lo contrario.

El Ministerio de Medio Ambiente y su Dirección de Sostenibilidad de la Costa y el Mar es competente en la zona de dominio público marítimo terrestre, y se van a acometer obras de reparación de accesos. Hay que tener en cuenta que como ha desaparecido mucha arena de las playas, los desniveles alcanzan hasta los 4 metros en algunas zonas, por lo que es necesaria una reconfiguración de los mismos. Los Planes Municipales de Playas cada año han de velar por que éstas tengan unos servicios para los turistas y autóctonos, y los que puedan, recuperarán imagen, sin lucir con la fuerza que deberían pese a la exclusividad de nuestro territorio. Siguen pasando los años, las legislaturas, unos se van, otros vienen, y el litoral de nuestra provincia cada vez se envejece y deteriora más y requiere mayores recursos para su regeneración.

Hasta ahora, la única solución aportada para solventar el problema de la erosión es el aporte o alimentación artificial de playas mediante árido de préstamo. Los cambios de uso intensivos de suelo, cuencas litorales, y obras de regulación de ríos condicionan la erosión costera. En caso de tormentas asociadas a aumentos del nivel del mar, las pérdidas trasladan el sedimento a zonas profundas; cuando las condiciones mejoran, las olas devuelven a la playa lo hurtado, reconstruyéndose el perfil inicial, de forma lenta y natural. Las perspectivas de futuro, con un previsible incremento de la población afectada por la erosión, requiere medidas de ordenación del uso costero, riberas y obras portuarias.

Esta planificación no puede continuar obviada ni aplazada, nuestros entornos naturales necesitan de intervención y protección, las instalaciones tienen que garantizar un uso de máximos como potencia turística que aspiramos a ser. Es el momento de aunar esfuerzos mediante la aportación multidisciplinar y económica; que las tensiones funcionales de nuestros espacios en la diversidad de usos sobre ellos se minimicen por fin gracias a la previsión, ordenación y prevención de riesgos -naturales o no-, mediante la observancia de estudios de inversión que han de ser amplios en su intersectorialidad, globales y definitivos para el futuro productivo de nuestras costas. Es la Gestión Integral de Zonas Costeras (GZIC), iniciada en Europa, armonizadora de agentes, recursos y riesgos. Con la confluencia de administraciones involucradas.

Nuestro litoral no puede esperar, ¿qué tendría que ocurrir para invertir la dinámica de gestión? Que realmente alcance una importancia prioritaria en los presupuestos generales, con Gzics de perspectiva acumulativa y Programas de Actuación específicos. Que se ejecuten inversiones reales, no promesas millonarias con ligereza de tuits, sin correspondencia íntegra en hechos. Que regeneren nuestras playas y nuestros municipios costeros. Que no convirtamos en artificios la propia miseria. Que nos tomen en serio. Que nos dejen de fuegos cruzados, batallas campales y juegos de tronos.