Isla Cristina y Punta Umbría, exentas de la nueva Ley de Costas

Dos municipios de la provincia de Huelva han quedado excluidos de la nueva Ley de Costas. En concreto se trata de la zona de ría de Punta Umbría y el Caños del Cepo y casco urbano de Isla Cristina. El Congreso aprobó ayer la nueva normativa, en medio de la polémica que ha suscitado.

La nueva norma no convence a casi nadie, aunque el PP se empeñe en defender que será "una protección para el litoral, que evitará incluso casos como el del hotel Algarrobico. Buena parte de la oposición y numerosas ONG en la calle la tildan de amnistía y de una paso más para "privatizar la costa española".

Según defendió el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete en el Congreso, esta ley tiene como primer objetivo la protección medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas, preservando las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como las actividades, y aumentando en todo caso su protección.

Se prohiben nuevas edificaciones en el litoral, tanto en el dominio público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas), como en su zona adyacente de servidumbre de protección. Se mantiene la prohibición de la edificación residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos preventivos, prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de tamaño, altura o superficie.

La norma excluye núcleos de población (no los amnistía porque ya eran legales) del domino público terrestre porque son terrenos de núcleos urbanos, habitados desde antes de 1988, que afectan en su mayoría a viviendas sencillas de barriadas populares, no a hoteles o empresas.

En concreto, el proyecto de ley excluye del dominio público marítimo terrestre un total de 12 municipios: el poblado marítimo de Xilxes (Castellón), Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría; Caño del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina; Pedralejo (Málaga) y El Palo (Málaga).

Además, en esta reforma se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros y únicamente se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988. Eso sí, se prohiben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas.

Según puntualizó Medio Ambiente, la reducción de la servidumbre sólo se podrá producir respecto de núcleos costeros que antes de 1988 tuvieran un carácter urbano, según unos requisitos marcados en la disposición transitoria primera de la Ley, y solamente para el núcleo delimitado. Por tanto, defiende que no se podrán autorizar nuevas construcciones dentro de los núcleos delimitados. "Es decir, se solucionan problemas antiguos no resueltos en 1988, sin que implique permitir un solo edificio más en la costa", justificó.

Arias Cañete defendió que la nueva ley garantiza la conservación del litoral, "y no lo privatiza", al tiempo que salva de la demolición a más de 1.200 industrias y 25.000 viviendas ubicadas antes de 1988 en el litoral, al contar ahora con una nueva concesión de 75 años.

La reforma no permitirá ninguna nueva construcción en la zona del litoral protegida y además establece instrumentos "para evitar las barbaridades urbanísticas" como la del hotel de El Algarrobico, explicó el ministro a los medios de comunicación tras asistir al debate dentro del hemiciclo.

Otra novedad, según los defensores de la nueva norma, es la distinción entre playas urbanas y playas naturales, "incrementando la protección de estas últimas".

También se evita, afirman, que se pueda adquirir de buena fe un inmueble en la costa y descubrir después que, en realidad, no se es propietario porque el bien está afectado por el deslinde del dominio público. Para ello se prevé la inscripción obligatoria de los bienes en el Registro de la Propiedad.

La privatización del litoral y el anuncio de desmanes urbanísticos han sido los argumentos más esgrimidos por la oposición. Los portavoces de varios grupos políticos han anunciado que están estudiando presentar un recursos con la ley ante el Tribunal constitucional, al considera que vulnera varias directivas, aparte de carecer de una memoria económica y favorecer la privatización de la costa, que llevó a España al boom inmobiliario y consecuente crisis económica.

Las principales organizaciones ecologistas españolas han condenado unánimemente la reforma por considerarla un retroceso en la protección medioambiental del litoral y la llave para abrir la puerta a un proceso claro de privatización de las costas.