"El enésimo ataque sufrido por el sector productor y comercializador de los frutos rojos de Andalucía tiene un elemento diferenciador con respecto a los anteriores: está sufragado por un Ministerio del Gobierno de España, concretamente el de Derechos Sociales y Agenda 2030", así lo denuncia Interfresa. En esta ocasión, este patrocinio es "abiertamente reconocido con la presencia de su logotipo estampado en la publicación de la ONG Justicia Alimentaria". Por este motivo, la Interprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía, Interfresa, ha pedido formalmente la retirada inmediata de la campaña iniciada por la mencionada organización, que además de la publicación lleva aparejada una acción publicitaria con soporte en los autobuses de la ciudad de Madrid.

Interfresa ha remitido escritos al Ayuntamiento de la capital de España, solicitando el amparo de su alcalde, José Luis Almeida, y la suspensión de esta acción publicitaria, así como al Ministerio de Agricultura a cuyo titular, Luis Planas, solicita intermediación frente a la cartera de Derechos Sociales y la defensa del sector agroalimentario en general y el de los frutos rojos en particular. La interprofesional ha recordado a Planas que es la segunda vez en este trimestre que se ve obligada a pedir su intervención: durante la celebración de Fruit Attraction, su presidente, José Luis García-Palacios, entregó en mano al ministro un escrito en el que mostraba la indignación del sector por el ataque frontal protagonizado, en aquella ocasión, por la Ministra de Empleo Yolanda Díaz.

La titular de Empleo y la de Derechos Sociales, Ione Belarra, pertenecen a la misma facción política que comparte con el PSOE el Gobierno actual. No obstante, Interfresa concede "el beneficio de la duda al Ministerio que ha sufragado con fondos públicos una campaña que desacredita pública y abiertamente al sector agroalimentario español" y lo acusa de cometer explotación humana, y le pide "con la consideración debida" que retire el auspicio económico a la organización autora de la campaña así como el logotipo que acredita dicho apoyo monetario, al tiempo que insta a la ministra a que "haga públicas estas medidas e impida la acción publicitaria que el informe lleva aparejado".

La mencionada publicación es "un catálogo de acusaciones infundadas basadas en informes obsoletos de otras organizaciones, incardinado en un discurso fuertemente sesgado e ideologizado y marcado por un tono sarcástico". El texto critica a diversos sectores productivos agroalimentarios españoles, entre los que destaca, ya en la portada, el sector de los frutos rojos de Andalucía. En cualquier caso, todos los sectores atacados destacan, y salvando las distancias que puedan existir entre ellos, por haber conseguido ser un referente de calidad para los mercados, tanto nacionales como extranjeros, y creadores de riqueza y empleo en las zonas en las que desarrollan su actividad productiva.

Interfresa ha recordado a todas las administraciones interpeladas que el sector de los frutos rojos es precisamente un ejemplo de madurez y auto fiscalización materializado en el Plan de Responsabilidad Ético, Laboral, Social y de Igualdad (Prelsi) que la interprofesional puso en marcha en 2018 y que le ha valido numerosos galardones y el reconocimiento internacional. El plan, pionero y vanguardista en la promoción de buenas prácticas que contribuyan al bienestar sociolaboral de las empresas y trabajadores del sector –especialmente de aquellos que llegan a la provincia bajo el paraguas de la Orden Gecco-, supone un compromiso incontestable y no tiene parangón en todo el mundo.

En cuanto a la Orden Gecco, que regula la gestión colectiva de contrataciones en origen, contra la que la publicación es especialmente beligerante, Interfresa desea recordar que se trata de una normativa emitida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuyo titular es José Luis Escrivá. El proceso por tanto está establecido por el propio Gobierno de España de la que Belarra "forma parte y supervisado no sólo por las administraciones de los países emisores y receptores, sino también por los sindicatos y diversas ONG". En este sentido, las empresas y los trabajadores se convierten en meros objetos de una normativa que dicta puntualmente cada paso del proceso que deben cumplir tanto unos como otros.

Finalmente, la interprofesional desea recordar a la organización que "publicar un documento injurioso no es un ejercicio de democracia", más bien al contrario. Si la organización es conocedora de casos de explotación en este o en cualquier otro sector económico español, el procedimiento que nuestro Estado de Derecho y nuestro sistema democrático ponen a disposición de todos es el de acudir a los tribunales. Ese es el verdadero ejercicio de cultura democrática, no la demagogia, la calumnia y el linchamiento público revestido de libertad de expresión, excusa que suelen enarbolar precisamente quienes carecen de fundamentos que amparen sus acciones interesadas.