El juzgado cita a Infante a declarar como imputado por presunta prevaricación

La batalla judicial abierta en la Mancomunidad del Andévalo Minero por el alcalde de El Cerro del Andévalo, Juan Manuel Borrero González, para conocer los movimientos económicos, proyectos y subvenciones que ha manejado la entidad desde hace más de dos años, no ha caído en saco roto. De momento. Siete meses después de que presentara la denuncia, en principio por prevaricación y contra el ejercicio de los derechos cívicos, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Valverde del Camino, cita a declarar en calidad de imputado al presidente de la Mancomunidad y alcalde de Paymogo, José María Infante Macías.

En más de quince ocasiones desde 2008, el alcalde de El Cerro realizó, como miembro del Pleno de la Mancomunidad de Municipios del Andévalo Minero, numerosas solicitudes de información que no fueron atendidas por Infante desde la Presidencia de la entidad. En la larga lista de información demandada en este tiempo figuran el expediente completo de la segunda fase de las obras del Centro de Hidroterapia, acondicionamiento de las dependencias anexas del centro de recepción turística, en el que se incluyen resoluciones de las consejerías correspondientes, así como sus correspondientes proyectos técnicos y la justificación de los gastos (mediante la copia de las correspondientes certificaciones de obras o facturas autenticadas de los mismos).

Además, desde el Ayuntamiento de El Cerro se pidió el estado de la deuda con el adjudicatario de las obras del centro de recepción turística Casa Camilo, y el informe que, en su momento, debió expedir el técnico de la Mancomunidad relativo a las obras mencionadas para constatar el estado de ejecución de las mismas.

Por otra parte, se solicitaron repetidos informes sobre varias pólizas de créditos suscritas por la Mancomunidad, entra las que figuran una por importe de 655.000 euros y otro crédito bancario por importe aproximado de 550.000 euros, para estudiar el posible incumplimiento legal de su falta de inclusión en el presupuesto de la entidad.

La providencia dictada por el órgano judicial se hace eco de las peticiones del denunciante y recoge todas y cada una de las diligencias solicitadas por el alcalde de El Cerro, desde la declaración del presidente de la entidad como imputado, a la comparecencia del secretario de la Mancomunidad en calidad de testigo.

Además, la instructora ordenado que se libre oficio a la entidad para que aporte copia tanto del expediente de la segunda fase de las obras del Centro de Hidroterapia, acondicionamiento de las dependencias anexas del centro de recepción turística, con las resoluciones de las consejerías correspondientes, como de los de los Talleres de Empleo y Casas de Oficio, Programas de Innovación Local y Fomento del Empleo Agrario (PFEA), así como de Proyectos de Interés Social, concedidos a la Mancomunidad durante el periodo 2.006 a 2.008, compuesto por la resoluciones de las consejerías y entidades correspondientes, y en todos los casos con sus correspondientes proyectos técnicos y justificación de los gastos subvencionados.

El juzgado manda asimismo librar mandamiento a la Tesorería General de la Seguridad Social en su Delegación de Huelva, para que remita certificación del expediente de derivación de responsabilidad de la Mancomunidad por impago de cuotas del Régimen General del periodo febrero 2006 a Diciembre 2008, como demanda el denunciante.

En su escrito, el alcalde de El Cerro señalaba que la negativa reiterada a facilitar la información solicitada, así como a convocar Plenos ordinarios, "conculca la posibilidad de control y fiscalización" de la actividad de la Mancomunidad. La información reiterada y no facilitada de los distintos proyectos de obras subvencionados ( Centro de Recepción Turística, Centro de Hidroterapia, acondicionamientos de dependencias anexas, última Fase del Hostal Rural), viene motivada -agrega- por "el posible incumplimiento del destino finalista de las citadas subvenciones, que pese a ser ingresadas en la arcas de la mancomunidad, esta parte tiene conocimiento de impagos de certificaciones de obras, así como del estado de obras paralizadas que debieran haberse abonado ".