Imputado un empresario marroquí por "explotar ilegalmente a cinco compatriotas"

El empresario marroquí, detenido el pasado 21 de julio por supuestamente explotar ilegalmente a cinco compatriotas en la localidad de Cartaya, ha sido imputado en proceso penal por ser el presunto autor "de delitos de estafa, coacciones y lesiones".

Según explicó el abogado defensor de los afectados, Fernando Osuna, en un principio iban a realizarse las declaraciones de ambas partes el pasado 25 de noviembre, pero "el juez suspendió el encuentro porque el abogado del acusado tenía otro juicio pendiente, por lo que ha quedado pospuesto para el próximo 16 de enero".

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Cartaya señalaron que "han puesto todo de su parte para ayudar a los afectados" a lo que añadieron que el problema es que "ellos pagaron 9.000 euros por un permiso de trabajo que está limitado a la provincia de Huelva y al sector textil".

En este sentido, estas fuentes apuntaron que el Consistorio está "facilitando los trámites burocráticos para agilizar la incorporación al trabajo de estos cinco marroquíes afectados, pero la legislación estipula que es necesario que exista un hueco en el Catálogo de Ocupación de Difícil Cobertura en el INEM para que encuentren otro empleo", lo cual es "complicado en tiempos de crisis".

Asimismo, apuntaron que para que se produzca la renovación de este permiso "la legislación exige seis meses cotizados en la Seguridad Social y, si no los cumplen, es difícil que haya renovación del permiso, que tiene vigencia de un año".

Desde Servicios Sociales del Ayuntamiento apuntaron que "se están realizando todas las gestiones necesarias para que estas personas puedan trabajar en otro sector, pero la legislación lo imposibilita".

Cuando los agentes accedieron al interior del taller de confección encontraron que ocho personas compartían, con varias máquinas textiles, una superficie de 43 metros cuadrados, en unas condiciones de "total hacinamiento, sin ventilación y con escasa iluminación".

La llegada a España

La venida de estos inmigrantes a España supuestamente fue facilitada por el imputado, previo pago de 7.500 euros cada uno, a los que prometió, una vez regularizada su situación, unas condiciones de trabajo y salario posteriormente incumplidas, que incluía unos beneficios mínimos por su trabajo en un taller de confección de unos 1.000 euros y alojamiento sin ningún coste, al ser la vivienda propiedad del empresario, siendo, por el contrario, sus condiciones actuales de "auténtica explotación laboral".

Las víctimas, que tienen una Autorización de Residencia y Trabajo por un periodo de un año, con contrato a tiempo parcial de cuatro horas, vienen haciendo jornadas de trabajo diarias de hasta 18 horas, comenzando a las 08,00 horas y finalizando, "dependiendo de las exigencias del empresario", unos días a las 23,00 horas, otro a las 24,00 horas e, incluso, en ocasiones a las 01,00 ó 02,00 horas del día siguiente, con descanso de una hora y media para comer, librando algunas veces los domingos, y "otros son obligados a trabajar mediante amenazas".