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La Guardia Civil detiene a dos cazadores furtivos en el interior del Parque de Doñana

Operación del Seprona de la Guardia  Civil en terrenos de Doñana.

Operación del Seprona de la Guardia Civil en terrenos de Doñana. / H.I. (Huelva)

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos cazadores furtivos cuando se encontraban en el interior del Parque Natural de Doñana, a donde habían accedido desde la localidad sevillana de La Puebla del Río.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado mes de noviembre, entre los ríos Guadiamar y Guadalquivir, en el término municipal de Isla Mayor (Sevilla), cuando los agentes que realizaban un servicio de control específico de actividades cinegéticas oyeron varias detonaciones que procedían de un espacio protegido en el que no está permitida la caza.

Los guardias civiles sorprendieron a dos tiradores desarrollando esta actividad ilícita, los cuales, al detectar la presencia policial, comenzaron a correr entre la maleza.

Al verse cercados por sus perseguidores, decidieron cambiar su dirección de huida y, al tratar de escapar, se introdujeron en la laguna en la que estaban cazando, donde los agentes lograron interceptarlos.

Una vez identificados y comprobadas sus armas, regresaron al puesto de tiro donde inicialmente fueron localizados. En el lugar se observaba que los cazadores tenían 15 reclamos de patos vivos utilizados para atraer a patos salvajes, y además, hallaron varias piezas de cazas que habían conseguido minutos antes de ser interceptados.

Los delitos a los que se enfrentan los implicados pueden llegar a ser castigados con penas de prisión de entre tres meses y un año, además de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar por el tiempo de dos a cinco años, así como privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo periodo. Además de instruir un atestado policial, los agentes procedieron a la tramitación de varias denuncias administrativas por infringir artículos de la legislación medioambiental, cuyas sanciones en los casos más graves denunciados podrían oscilar entre los 3.001 y los 200.000 euros. Tanto las armas utilizadas para la comisión de los ilícitos penales, como las piezas de caza cobradas ilegalmente han sido intervenidas y puestas a disposición judicial.

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