Greenpeace incluye a toda la costa como zona en peligro de destrucción

Greenpeace presentó ayer la novena edición del informe 'Destrucción a Toda Costa'. Por primera vez en España, se ha analizado el estado de 233 espacios litorales protegidos, repartidos en los más de 8.000 kilómetros de litoral. El informe pone de manifiesto que ni siquiera los Espacios Naturales Protegidos (ENP) de la costa, supuestamente amparados por la legislación, están a salvo de la destrucción del litoral que ha imperado los últimos años. Más de la mitad, 120, sufren algún tipo de amenaza por urbanismo, infraestructuras o contaminación. Entre los espacios más amenazados de Huelva, según Greenpeace, se encuentran el estuario del río Tinto y Marismas del Odiel, vecinos naturales del Polo Químico de Huelva.

Además del clásico Polo Químico de Huelva, los espacios naturales a los que cuelga la etiqueta de amenazados o que atraviesan una situación ambiental alarmante son el Parque Nacional y Natural de Doñana, la Laguna de Palos y Las Madres, el Estuario del Tinto, Marismas del Odiel, las Marismas del Piedras y la Flecha del Rompido y las Marismas de Isla Cristina.

En Andalucía, con el 30% del litoral protegido al menos oficialmente, 18 de las 32 zonas analizadas sufren algún tipo de amenaza.

Greenpeace destaca en su análisis como aspecto muy negativo de la política andaluza la aprobación de la Ley 1/2008 de medidas tributarias y financieras, que ha rebajado las exigencias de siete leyes medioambientales andaluzas. Esta normativa está facilitando actuaciones como la futura Vía Rápida de la Sierra (Sevilla-Lisboa), el desdoble de la N-435 en el Parque Natural de la Sierra, la posibilidad de acometer los puentes de Punta Umbría a través de Marismas del Odiel y obras como el proyecto de oleoducto que unirá Los Santos de Maimona, en Badajoz, con el Puerto de Huelva y que también atravesará el Parque de la Sierra en su zona oriental, o el paraje protegido del río Tinto.

Greenpeace cree que "la Administración andaluza perpetúa su política de ocupación del litoral con el Plan de puertos deportivos que prevé aumentar el número de atraques en un 11% con una inversión de 900 millones de euros para el disfrute de unos pocos privilegiados".

"Puede que la declaración de un espacio protegido les sirva a los políticos para ponerse medallas sobre su apuesta por salvar la costa. Pero cuando, años después, descubren que esa protección es incompatible con algún proyecto urbanístico intentan saltarse la norma que ellos mismos elaboraron, convirtiendo a estos espacios en 'parques de papel', en papel mojado", declaró Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.

Greenpeace considera que la política ambiental debe ser prioritaria y reclama el refuerzo de la Ley de Costas ante la crisis económica.

La organización ecologista cree que tanto la Administración central como las administraciones autonómicas deben garantizar el cumplimiento de esta legislación como apuesta de un futuro sostenible para el litoral. La organización ecologistas exige un liderazgo claro del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en la protección de la costa.