Golf Resort recurre la sentencia que le obliga a levantar la valla
El hotel admitió en su día la necesidad de colocar una malla de 20 metros · El juez exige ahora que sea de 10 más, de 30
Islantilla Golf Resort, el hotel obligado por un juzgado de Ayamonte a levantar una valla de 30 metros que proteja a las viviendas de su entorno de las bolas de golf lanzadas desde el campo que gestiona el establecimiento, ha recurrido la sentencia.
Según informaron a Efe fuentes del hotel ubicado en Islantilla, presentó un recurso de apelación y cursaron una solicitud para que se anule el proceso judicial por entender que se ha vulnerado su derecho de defensa. Fuentes del establecimiento explicaron que se no pudo presentar todas las pruebas con las que contaba durante la celebración del juicio, que tuvo lugar el pasado mes de enero, debido a una "maniobra procesal irregular" cometida por la parte demandante.
El hotel admitió en su día la necesidad de elevar la altura de la valla hasta los 20 metros, que considera más que suficiente para evitar cualquier incidente.
Desde la dirección se aseguró que se han adoptado medidas destinadas para evitar cualquier tipo de perjuicio a los demandantes, como prohibir el uso del driver o utilizar pelotas que alcancen menos altura.
La sentencia condena a la empresa propietaria del hotel a levantar una valla que tiene que tener una altura mínima de 30 metros y una anchura de 200, que podría tener un coste en torno a los 360.000 euros, para proteger a las viviendas situadas en el entorno del campo de prácticas del hotel. Se trata de casas que se encuentran cerca del montículo desde donde se lanzan los 'puts' largos de inicio del recorrido, lo que provocó que algunos vecinos planteasen una demanda en el verano de 2009, ante los impactos de las bolas sufridos en sus viviendas, al entender que la actual red de protección es insuficiente.
Los vecinos de las urbanizaciones cercanas al campo de golf del hotel consideran "histórica" la sentencia que obliga al hotel alzar una valla para proteger sus casas, y animan a otros afectados de España a que lleven sus casos a juicio.
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