El Gobierno refuerza la inspección de pozos ilegales con la Guardia Civil

La agresión sufrida por un agente fluvial de la Conderación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) cuando inspeccionaba un pozo ilegal en el entorno de Doñana ha tenido respuesta. Así, el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, anunció ayer que las inspecciones que realizan los guardias fluviales de la CHG sobre pozos ilegales, a partir de ahora, serán reforzadas por la Guardia Civil.

De Celis ha trasladado "todo el apoyo y solidaridad" del Gobierno al agente que el pasado viernes fue víctima de un ataque, presuntamente, a manos de unos vecinos de Lucena del Puerto, con el que ha mantenido contacto directo para interesarse por lo sucedido.

Además, aseguró que van "a perseguir de manera inexorable y contundente a todo el que de manera ilegal esté cogiendo agua" en el entorno de Doñana. "Nosotros hemos puesto todo el empeño, y lo ha hecho la CHG, en resolver el problema de los regantes legales, pero todo el ilegal que consuma agua y lo haga dañando drásticamente una zona como la del espacio natural, va a continuar siendo perseguido", indicó. De este modo, a partir de ahora se va a establecer "un sistema específico de colaboración entre la CHG y la Guardia Civil, de forma que esas inspecciones irán reforzadas por miembros del Instituto Armado".

Estos agentes "actuarán en la detención inmediata por cualquier acto violento contra cualquier funcionario público", explicó el delegado, y recordó que "el atentado contra cualquiera de ellos tiene penalidades mayores por atentar contra la autoridad".

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, hizo también un llamamiento a "la colaboración de todos" para "conservar los recursos naturales" en zonas como el entorno del Espacio Natural de Doñana. Así se pronunció tras ser cuestionado por los periodistas en Huelva por el ataque al guardia fluvial, en la inauguración de las jornadas de AgroBank sobre innovación en el sector agrario onubense en La Rábida.

Sánchez Haro señaló que es necesario que el sector agrícola desarrolle "una agricultura sostenible" y sobre todo que "entre todos" se trabaje por conservar esos recursos. "Es una labor de todos y tenemos que colaborar todos y, por supuesto, los agricultores también", dijo el consejero, que destacó la importancia de que "se agilice el trasvase de 15 hectómetros cúbicos de agua por las necesidades hídricas que tiene la provincia".

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha condenado también los hechos y se ha reafirmado en que se seguirá aplicando la ley.

El presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, Cristóbal Picón, también condenó el ataque y precisó que este tipo de acciones "enturbia y empeora" el trabajo realizado por la plataforma.

"La plataforma condena cualquier acto que se salga del margen legal y que no haya sido convocado por la plataforma", subrayó el presidente y recordó que "hay negociaciones encima de la mesa para arreglar las cosas y con estos actos se cargan el trabajo de la plataforma y la credibilidad de los agricultores".

"Hay unas personas que están trabajando en la plataforma por el bien de todos y este tipo de actos nos perjudica en vez de beneficiarnos", ha insistido Cristóbal Picón.

Por último, ha lanzado un mensaje de calma a los agricultores, aunque entiende las tensiones que han podido provocar "el retraso de las plantaciones y la tardanza de las transferencia de agua", pero incidió en que esta situación "no justifica este tipo de actos".