La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha defendido este sábado que sus actuaciones dependen solo de su propia planificación y "en ningún caso del proyecto de ley de ampliación de regadíos de la Junta de Andalucía".

En un comunicado, ha señalado que "la salvación de Doñana pasa por el incremento cero de riego, la aplicación de la legalidad, el cierre de captaciones ilegales y la eliminación de regadíos no legalizables", tras informar este viernes de que prevé alcanzar a finales de 2023 la cifra de 1.065 pozos clausurados en el entorno de Doñana en los últimos cinco años, 450 de ellos por regularización y 615 por ejecución subsidiaria, de los que 208 ya están cerrados. Para ello, el organismo de cuenca ha iniciado el cierre de 13 nuevos pozos por ejecución forzosa en el término municipal de Almonte, donde ya se ha supervisado y constatado el cierre de 3 sondeos y el inicio de los trabajos para el sellado de otra decena. Además se prevé la clausura de otros 400 de aquí a diciembre.

La CHG se remite al Informe de estado de los acuíferos de Doñana correspondiente al año hidrológico 2021/22, que "deja bien a las claras" que se trata de actuaciones previstas en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, elaborado por este Organismo de cuenca, aprobado en Consejo de ministros y ampliamente debatidas al menos desde 2018, con dos procesos de información pública de seis meses cada uno. Incluyen las obras indicadas y que corresponden a la Administración General del Estado: trasvase de 19,99 hm3, incremento de la regulación del río Agrio, uso conjunto de aguas de distinto origen, adquisición de derechos y Declaración de Interés General de la conducción desde la ETAP del Tinto a Matalascañas, entre otras, pero ninguna de ellas depende de "la ley que tramita la Junta".

Además, señala que las actuaciones en infraestructuras hidráulicas son prioritarias, "urgentes e imprescindibles", pero no son un fin en sí mismas, "sino un medio para que los regadíos legales usen agua superficial y disminuyan las extracciones del acuífero y éste recupere el buen estado". Indica también que son inseparables de otras incluidas en el informe, como incremento cero de la superficie susceptible de obtener concesión para riego, la aplicación rigurosa de la legalidad, el cierre de captaciones ilegales o la eliminación de regadíos no legalizables. Con respecto a las últimas actuaciones, las tareas para sellar esos 13 pozos, que comenzaron el pasado 9 de agosto y se extenderán durante las próximas dos semanas, se están desarrollando de forma voluntaria por los titulares, y en colaboración con la Comunidad de Regantes El Condado, que actúa como intermediaria en el marco de cooperación entre el Organismo de cuenca y el propio sector para la reversión y conservación del entorno de Doñana.

El cierre de estos pozos supone el cumplimiento de la resolución de ejecución forzosa emitida el pasado junio por la Presidencia de la Confederación en varios procedimientos en la demarcación. Estos sondeos se enmarcan en un cierre material de hasta 33 captaciones, en su mayoría relacionadas con comuneros de la Comunidad de Regantes el Condado de Huelva, entidad con la que se ha planteado que sean estos regantes los que, con sus propios medios y de forma voluntaria, ejecuten el cierre con la supervisión y constatación del Organismo de cuenca. En la actualidad, el Organismo de cuenca tiene abiertos procedimientos de ejecución subsidiaria para el cierre de 407 pozos, sondeos que han sido sancionados, que cuentan con resolución firme y cuyos titulares tienen la obligación de cerrarlos. La previsión del Organismo de cuenca es de inutilizarlos antes de finalizar el año. Para entonces serán 1.065 los pozos cerrados desde 2019: 450 por sustitución de agua subterránea por agua superficial, tras la concesión definitiva a la Comunidad de Regantes El Fresno; y otros 615 por ejecución subsidiaria (en algunos casos de forma voluntaria por los regantes), de los que ya se han cerrado hasta ahora 208