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El Gobierno obvia a la Junta en sus consultas sobre el oleoducto Balboa

  • Madrid, Extremadura y Portugal decidirán el futuro de la instalación petrolífera · El tubo, de 200 kilómetros, atraviesa trece espacios protegidos de Huelva y Sevilla

El Gobierno de la Nación asegura que la refinería Balboa, proyectada por el Grupo Alfonso Gallardo para ubicarla entre las localidades pacenses de Los Santos de Maimona y Zafra, y cuyo oleoducto atravesará 200 kilómetros de Huelva y Sevilla, puede dar respuesta a las necesidades de gasóleo que tiene el mercado español. En una respuesta al senador del Partido Popular por Huelva, Matías Conde, el Gobierno asegura que "esta refinería viene a responder al desfase entre demanda y oferta de los distintos productos petrolíferos, debido a la dieselización que ha experimentado en los últimos años el parque automovilístico". A pesar de atravesar 200 kilómetros de Huelva y Sevilla, trece espacios protegidos andaluces, entre los que se encuentran la Reserva de la Biosfera del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche el corredor Ecológico del Tinto, el Corredor Verde del Guadiamar, el entorno de Doñana, y las marismas del delta del Tinto y el Odiel, el Gobierno margina la autoridad de la Junta de Andalucía en los pronunciamientos sobre su idoneidad. Sobre la conveniencia medioambiental de la instalación, el Ejecutivo señala en su respuesta a Conde que "serán el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que dirige Elena Espinosa, el que, mediante la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y la Comunidad Autónoma de Extremadura, mediante la Autorización Ambiental Integrada (AAI), quienes determinen o no la realización del proyecto". Asimismo, subraya que en caso de que la declaración sea positiva, se fijarán las condiciones a la misma que deben cumplir. El Gobierno tiene en cuenta, incluso, la cercanía lusa y abre la puerta a las autoridades de Portugal para que se pronuncien y participen en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Pero no concede ningún papel, por lo menos en el texto enviado a Conde, a la Junta de Andalucía.

Los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta han puesto importantes objeciones a las obras del oleoducto. Lo vienen haciendo desde 2008, cuando un equipo de trabajo de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de Aracena advirtió que la infraestructura podría acarrear graves daños al medio natural. Y recordó al Ministerio que el oleoducto debe tener en cuenta normas como el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). En la Sierra de Huelva, la población no comprende que la Junta prohíba podas, colecta de hierbas aromáticas y otras actividades, y permita un conducto de petróleo.

La otra gran cortapisa emanada de la normativa andaluza ha sido a través del borrador del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Sierra. El texto obstaculiza el desarrollo del oleoducto.

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