Gas Natural inicia su expansión gasista fuera de Doñana

Petroleum Oil & Gas, filial de Gas Natural Fenosa, comenzó ayer los trabajos de ejecución de nuevos pozos de extracción y almacenaje de gas en Doñana, tomando como punto de partida la fase del macro proyecto de Marismas Occidental, que se ubica fuera de las lindes del Espacio Natural.

La maquinaria pesada y los técnicos ya trabajan sobre el terreno en el término municipal de Almonte, que no pisa ningún metro cuadrado de la Reserva de la Biosfera, aunque sí importantes espacios medioambientales como el corredor verde del Guadiamar. La ampliación de la actividad de hidrocarburos en la provincia de Huelva y Sevilla consta de 14 nuevos sondeos y la construcción de un gaseoducto de interconexión de 18.169 metros longitudinales que permitirán conectar los parajes de Saladillo y Rincón, atravesando a su paso zonas de dominio público forestal.

Los trabajos en Marismas Occidental, que dieron comienzo durante la mañana de ayer, "prevén la realización de dos sondeos exploratorios", precisamente en las mismas parcelas donde hoy se emplazan los pozos en activo, de ahí que los 5,2 kilómetros de gasoducto discurrirán por el mismo trazado que el actualmente existentes. El objetivo, subrayaron desde la empresa, es "actualizar las infraestructuras para adecuarlas a las nuevas capacidades". Más controversia jurídica encontró el perímetro de la infraestructura que discurre por una zona A del Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (Potad).

La actividad de extracción gasista en la comarca comenzó su andadura a finales de los años 80 con la extracción de importantes bolsas de gas en la zona noreste de la provincia de Huelva y suroeste de Sevilla. Sin embargo, la novedad viene motivada por la realización de 14 nuevos sondeos en Marismas A, B-1, y C-2, los cuales permitirán extraer los recursos energéticos que aún dormitan en el subsuelo de Doñana, así como la posterior utilización de estos habitáculos naturales para su almacenaje. Una operación que se viene realizando desde 2012.

La empresa gasista insiste en que los trabajos se desarrollan "conforme a la programación prevista", después de que en septiembre de 2010 obtuviera por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA); y dos meses más tarde la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que expide la Consejería de Medio Ambiente. Sin embargo, para evitar el posible veto de las administraciones locales de la comarca, en marzo de 2016 el proyecto obtuvo la declaración de utilidad pública y la autorización administrativa. Se trata de una medida de gracia que permitió al Gobierno de España iniciar las expropiaciones a los titulares y administraciones de las fincas por donde discurrirá el gasoducto. Esta infraestructura enlazará con su homóloga de Enagás, que llevará los combustibles fósiles hasta la provincia de Sevilla.

Entre tanto, las entidades conservacionistas trataron de paralizar el proyecto. El último intento ha provenido de Ecologistas en Acción con un recurso de alzada contra el interés general. La resolución aún no se ha producido, por lo que la entidad censura que sin un pronunciamiento expreso al recurso, la actividad siga su curso.

La entidad conservacionista ha liderado la oposición al proyecto junto con WWF. Su portavoz en Doñana, Juan José Carmona, tachó de dislate el que Doñana pueda quedar disociada de valores medioambientales y como emblema "de la lucha contra el cambio climático y la sustitución de los combustibles fósiles por energías limpias y renovables".

El líder conservacionista lamentó que se desarrolle una actividad industrial de hidrocarburos a "escasos 50 metros del espacio natural", la cual puede "causar daños al subsuelo, los acuíferos y el entorno; así como afecciones al corredor verde del Guadiamar". Carmona también censuró que se pretenda, "mediante la vía de hechos consumados, poner en marcha una actividad que no podrían conseguir de otra forma".

La multinacional catalana salió al paso de estas declaraciones puntualizando que la actividad no consolida ninguna actividad industrial, al ser este un proyecto "recogido en la planificación estatal y regulado por la Administración", por lo que "no cabe objeto especulativo alguno". Destacaron además que la explotación de yacimiento de hidrocarburos cuenta con el aval de la evaluación de la DIA, que se ha gestado "durante más de siete años" y tras cumplir con toda la normativa estatal, regional y europea al respecto.

El conjunto de infraestructuras que lidera Gas Natural requerirá de la participación de un centenar de trabajadores y profesionales y llevará aparejada una inversión superior a los 200 millones de euros que, a juicio de la empresa, "contribuirán de forma clara a la dinamización económica del entorno y de la Comunidad".

En pos de no perjudicar las campañas agrícolas, los trabajos han dado comienzo en fechas en las que no existe un gran trasiego de las vías forestales y pecuarias durante la recolección de frutos de primor.

El Gobierno de España avaló desde un primer momento el proyecto de Gas Natural. Por el contrario, la Junta de Andalucía ha optado por la ambigüedad según el escenario político y sus socios de gobierno. En un principio avaló el proyecto tras aceptarse sus alegaciones. Posteriormente y conjuntamente con sus entonces socios de gobierno de IU, reclamó al Gobierno que tuviese en consideración "los impactos acumulativos" estudiándose los cuatro proyectos de extracción como una sola actuación. La empresa amagó con demandar a la Administración autonómica y reclamarle daños y perjuicios.

Ecologistas en Acción pidió ayer al Gobierno de España en funciones, a la Junta de Andalucía y al Consejo de Participación de Doñana "la paralización cautelar e inmediata del proyecto Marismas Occidental".

La formación ecologista destacó que es deber de las administraciones públicas "luchar por la preservación de Doñana como Patrimonio de la Humanidad y santuario de la vida salvaje". Por esta razón censuró al Gobierno en funciones de España por impulsar un proyecto que convertirá a Doñana en almacén de gas, "aprobado por un ministro dimitido por evasión de capitales en el caso de los papeles de Panamá y que a día de hoy parece que va a ser recolocado en el Banco Mundial, en contra de todas las autoridades españolas y europeas competentes y obviando experiencias anteriores desestimadas por su peligrosidad".

Por ello acusa al Gobierno de obviar "la recomendación de la Unesco y el incumplimiento de la Directiva Europea de Evaluación de Impacto Ambiental que requiere que todos los proyectos sean evaluados de forma conjunta y considerando los efectos acumulativos".

Ecologistas reiteró su "petición a la Junta de Andalucía de paralización hasta que sea resuelto el recurso de alzada, pues si bien sus competencias ambientales se refieren al espacio protegido, el trabajo actual se desarrolla en terreno propiedad de la Junta y además, dentro del proyecto subdividido en cuatro está prevista la intervención dentro del Espacio Natural Doñana y la Red Natura 2000".

La organización también pidió al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes "que lleve a cabo los acuerdo adoptados por la Comisión Permanente de este Órgano. En particular el acuerdo adoptado en marzo de 2015, de instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno central en funciones a la paralización de los trabajos hasta que se realice la evaluación de los potenciales impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto en su conjunto.

La iniciativa política la ha tomado Ciudadanos (C's), que ha anunciado el registro de una pregunta en el Congreso de los Diputados para interesarse por los pormenores de la actividad gasista. En declaraciones a Europa Press, el diputado de C's por Cádiz preguntará si la ejecución del proyecto Marismas Occidental se desarrolla "mediante perforaciones para que salga el gas o se exige la inyección en el subsuelo de roca para su dilatación".

Ciudadanos quiere conocer de primera mano los "peligros potenciales" de una actividad industrial de esta naturaleza y más concretamente por su cercanía con el parque, "como es el caso de la contaminación de acuíferos, elevado consumo de agua, contaminación sonora, migración de los gases; así como productos químicos utilizados hacia la superficie y finalmente un eventual incremento en la actividad sísmica". Cano también interpelará al ejecutivo para que indique si la obtención del gas se realiza por "una fracturación o estimulación hidráulica del subsuelo (fracking)".

La empresa Gas Natural ya dejó claro que el proyecto en Andalucía elude el fracking y se centra en la sustitución de líquido para la obtención del hidrocarburo.