La Fundación Savia por el Compromiso y los Valores ha remitido una carta a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, Ione Belarra, en la que insta a ésta a visitar la provincia de Huelva para que conozca de primera mano la precaria situación de los inmigrantes que viven en asentamientos de chabolas en la provincia de Huelva.

En la misiva, a la que ha tenido acceso este periódico, el presidente de dicha Fundación, Francisco Casero, se ofrece como "facilitador" para un encuentro entre la ministra y las entidades sociales que vienen trabajando sobre el terreno con estos trabajadores temporeros desde hace años; así como a organizar la visita de Belarra y su equipo "para que conozca la comarca y los propios asentamientos" ya que "estamos convencidos que eso resultará determinante para que pueda valorar adecuadamente la dimensión del problema".

La carta de la Fundación Savia argumenta la necesidad de dicha visita en que, en el inicio de la primavera, el mundo agrario onubense cobra mayor actividad, especialmente sectores como el de los frutos rojos, que "llega a su máxima intensidad pues es el momento en que se encuentran los picos de producción y cosecha".

Una circunstancia "especialmente beneficiosa" para algunas comarcas, como es el caso de la costa de Huelva, pues "genera riqueza y empleo", pero a la vez "preocupante" puesto que la demanda de mano de obra "se dispara" y, al no haber suficiente disponible en origen, hay que recurrir a la extranjera, que "es la que permite que el sector funcione y prospere".

Dada la situación, en las fechas en que nos encontramos "llegan miles de personas, procedentes fundamentalmente del Magreb, del este de Europa y, en los últimos años, también de países centroamericanos". Unos jornaleros que, según prosigue la carta, "se convierten de forma temporal en ciudadanos de nuestro país por el simple hecho de que hacen aquí su vida durante unos meses".

"Lamentablemente -continúa- siguen produciéndose situaciones que deberían quedar exclusivamente en el pasado, y es que, el servicio que prestan como mano de obra no se encuentra en algunos casos correspondido con las condiciones de vida mínimamente digna que, como derechos fundamentales reconocidos debemos ofrecerles".

Así, según la Fundación Savia, "son frecuentes" los poblados de chabolas a las afueras de los pueblos, donde "se hacinan" durante semanas "hasta miles de personas en unas condiciones absolutamente insalubres e indignantes", siendo "nuestra responsabilidad evitar estas condiciones".

Tal situación, viene siendo denunciada públicamente de forma sistemática por numerosas organizaciones sociales, algunas de ellas de mujeres, pues "son éstas, de nuevo, el colectivo más vulnerable y desprotegido".

Otras iniciativas en las que ha participado la Fundación Savia ha sido la denuncia de tal situación ante el Defensor del Pueblo Andaluz, en diversos ministerios del Gobierno de España, e incluso en la Unión Europea.

Por todo lo anterior, indican a la ministra que en las próximas semanas "llega el pico de producción y, por tanto, tendremos en Huelva el mayor número de trabajadores del campo de todo el año", por lo que "lastimosamente pueden volver a producirse situaciones de tensión social y asistencial".

Un inmigrante camina entre chabolas de plástico en uno de los asentamientos de Huelva, en una imagen de archivo

Además de invitarla a conocer la situación sobre el terreno, la Fundación Savia pide a la ministra que, en el ámbito de sus competencias, ponga en marcha las medidas oportunas para que, "de manera preventiva, se eviten conflictos y precariedad en las condiciones laborales y de vida de tanta gente que viene a nuestra tierra a trabajar, convirtiéndose en una pieza fundamental para que el sector funcione".

De igual manera, para dicha entidad es "fundamental" que se articulen los mecanismos necesarios para que todas estas personas "puedan contar con los servicios de sanidad, educación, acceso al agua, a la energía y la vivienda digna que se corresponden con nuestro estado de derecho y que, en justicia le corresponden".

Por último señalan que, el reconocimiento de estas personas como ciudadanos mediante la concesión de permisos de residencia temporales "resultaría una medida adecuada", toda vez que "estaríamos entendiendo y reconociendo la realidad de un colectivo muy amplio que merece todo nuestro respeto y atención".