La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha acordado abrir diligencias preprocesales para investigar las extracciones de agua subterránea que tienen lugar en el espacio natural protegido de Doñana y que afectan a sus diferentes hábitats, flora y fauna. Busca así garantizar la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2021 que apuntaba que esos pozos ilegales están detrás del deterioro medioambiental de ese espacio natural.

En el decreto, firmado por el fiscal jefe Jesús Alonso, se indica que estas diligencias tienen como finalidad poder exigir responsabilidad medioambiental a las empresas y profesionales, públicas o privadas, que estén procediendo a la captación de aguas subterráneas afectantes al espacio protegido de Doñana, sin concesión administrativa o en caudales superiores a los permitidos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional designa encargado del asunto al fiscal Manuel Campoy y apunta que las diligencias incluyen oficios al Seprona de la Guardia Civil; la reclamación a diferentes organismos de informes periciales sobre los efectos adversos significativos que dichas extracciones ilegales puedan tener en cuanto al estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas de aguas superficiales o subterráneas concernidas; e informes sobre la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de los hábitat o especies silvestres concernidos.

El Ministerio Público, indica que las zonas protegidas que son objeto de estudio son las de la zona protegida 'Doñana' (código ZEPA/LIC ES0000024), la zona protegida 'Doñana Norte y Oeste' (código ZEPA/LIC ES6150009) y la zona protegida 'Dehesa del Estero y Montes de Moguer' (código ZEC ES6150012).

Y cita datos científicos recogidos en diferentes directivas europeas para aseverar que de ellos se desprende que "la sobrexplotación del acuífero de Doñana ha acarreado un descenso del nivel piezométrico, descenso que ocasiona una alteración constante de las zonas protegidas del espacio natural protegido de Doñana".

La competencia de la Fiscalía

En el decreto, el fiscal jefe recuerda que la aplicación del derecho de la UE corresponde tanto a los órganos propios de la Unión como a las diferentes autoridades nacionales de los estados miembro. Y advierte de que el Ministerio Fiscal, en cuanto órgano constitucional integrante de los poderes públicos del Estado y en el ejercicio de sus competencias normativas, "puede y debe promover la acción de la justicia para garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia del TJUE".

Sobre el hecho de que el asunto caiga en manos de la Fiscalía de la AN, explica que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este tribunal es la única instancia para conocer los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales y los actos de los ministros y de los secretarios de Estado en general.

Y advierte que la ley dispone la competencia de la Administración General del Estado para la tramitación de los procedimientos administrativos de exigencia de responsabilidad medioambiental. Y añade que en este caso "resulta necesaria la práctica de diligencias a fin de valorar la posible solicitud a la Administración Pública de inicio de procedimiento administrativo de exigencia de responsabilidad medioambiental".

Por eso, indica que ahora en estas primeras diligencias identificarán a los operadores económicos y profesionales, y se pedirán los informes técnicos medioambientales pertinentes.