La Fiscalía pide 7 años de cárcel por un delito de construcción ilegal

La Fiscalía de Huelva pide siete años y medio de cárcel para tres individuos acusados de un delito de daños y de construcción ilegal en suelo de especial protección en una finca en el término municipal de Lucena del Puerto, en el entorno de Doñana, así como al pago de una multa que asciende a 18.000 euros por cambiar presuntamente el uso agrícola del citado espacio y construir una nave de unos 100 metros cuadrados para viviendas de temporeros sin ningún tipo de licencia o autorización, para la que pide la demolición.

En el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, dos de los acusados, como socios y administradores de una empresa en una finca sita en Lucena, que en parte comprende Monte Público forestal y con intención de destinarla a usos agrícolas como la plantación de fresas en macrotúneles de plástico, eliminaron desde hace años, al menos desde el verano de 2004, la vegetación compuesta por pinos y eucaliptos así como arrancado matorral y realizado desmontes y aterramientos en 3,2 hectáreas.

La Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva abrió expediente sancionador a la empresa en el año 2004 por cambio de uso no autorizado, acordando como sanción definitiva en 2005 una multa de 30.000 euros y la paralización del cambio de uso.

Con posterioridad y pese a celebrarse juicio penal por delito de desobediencia, han continuado el cambio de uso que afecta actualmente a unas seis hectáreas, se ha construido una balsa de riego de unos 1.300 metros cuadrados, vallada en todo su perímetro, y en el año 2008 y a través del un constructor, también acusado, edificaron una nave de unos 100 metros cuadrados para viviendas de temporeros sin ningún tipo de licencia o autorización.

Para este acusado, la Fiscalía ha pedido a su vez la inhabilitación especial para el ejercicio de la promoción o construcción de cualquier obra durante dos años.

Los daños causados en el terreno forestal fueron pericialmente tasados por asesor técnico de la Delegación de Medio Ambiente en unos 38.209 euros e igualmente los daños causados en el Dominio Público Hidráulico, derivados de la falta de autorización administrativa para la extracción de agua de riego a través de un pozo conectado a la balsa, fueron pericialmente tasados por asesor técnico de la Agencia Andaluza del Agua en unos 4.233 euros.