Las asociaciones conservacionistas Ecologistas en Acción, Seo/Birdlife, Greenpeace y WWF coincidieron en la valoración positiva del ‘Acuerdo por Doñana’ confiando en que traerá “la paz social y ambiental” en la comarca, aunque criticaron que finalmente lleguen las ayudas a los agricultores que ha estado utilizando agua de pozos ilegales.

El portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana y representante de la plataforma 'Salvemos Doñana', Juan Romero, manifestó que espera que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía para Doñana "sea una realidad", ya que "no es el primer plan de desarrollo sostenible que se presenta y que se incumple sistemáticamente", toda vez que espera que con él "se logre la paz social y ambiental que se necesita".

Aunque deben analizar el documento y tienen hasta el 15 de diciembre para hacer sugerencias y alegaciones, "todas las preocupaciones o inquietudes que había generado para el movimiento ecologista el acuerdo, se han quedado un poquito despejadas”, señalaba Romero que precisó que el siguiente paso es el de designar "una figura, a un coordinador para que se ejecute todos los acuerdos", porque "esta no es la primera vez que se ha presentado un plan de desarrollo sostenible y se ha incumplido sistemáticamente", por ello, expresó que "ojalá este nuevo plan sea una realidad" y "se logre encontrar la paz social, económica y ambiental".

De entre todas las medidas que contempla el acuerdo el ecologista destacó la ayuda, en la primera fase, para "reforestar estas tierras, prorrogable con la ampliación de más fondos".

SEO/BirdLife valoró "muy positivamente" el acuerdo por Doñana ya que abre "una nueva etapa de colaboración entre administraciones" y atiende "por fin" a las reclamaciones de la comunidad científica, la Comisión Europea, el Convenio Ramsar de Humedales de Importancia Internacional, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la UNESCO, la Red Natura 2000 y las propuestas de las ONG ambientales.

Así, el responsable de SEO/BirdLife en Doñana, Carlos Dávila, manifestó que el acuerdo "propone redirigir el actual modelo socioeconómico hacia criterios de sostenibilidad ambiental, adaptación a la crisis climática y la justicia social, asociándolo a un ambicioso programa de actuaciones en el territorio".

"El éxito dependerá de que sus resultados sean evaluables y sostenibles en el tiempo, para que la fuerte inversión económica que se plantea signifique realmente el nacimiento de una nueva Doñana, abandonando el estado de bipolaridad protección-destrucción en el que ha vivido instalado el espacio durante décadas", agregó.

Greenpeace también valoraba positivamente que se haya llegado a un acuerdo ya que, "entre otras cosas, entierra definitivamente la proposición de ley impulsada por el PP y Vox, que pretendía amnistiar a regantes ilegales en la Corona Norte", pero "no que las ayudas beneficien a quienes roban agua".

También valora "positivamente" que el marco de actuaciones se extienda a los catorce municipios del área de influencia del Espacio Natural de Doñana, "porque contribuye a generar una solución integral en el territorio".

Sin embargo, Greenpeace observa con "preocupación" que aquellas explotaciones "que han estado regando de forma ilegal durante años puedan beneficiarse de las ayudas para la diversificación agraria contempladas en el acuerdo", al considerar que "de ser así, se estaría premiando económicamente a aquellas personas que han estado incumpliendo la ley".

En este sentido, esperan que la ministra Teresa Ribera cumpla "el compromiso, explicitado este lunes durante el acto de presentación del acuerdo", de "no dar ni un euro a quien incumpla la legislación vigente". Esto, a juicio de la organización ecologista, "afectaría a aquellas fincas que han estado utilizando agua para regadío sin autorización".

Por último, WWF también mostraba su desacuerdo con que los agricultores que están cultivando fuera de regularización puedan acceder a las ayudas anunciadas para la reforestación o la reconversión en cultivos de secano o ecológico.

El responsable de Agricultura de WWF, Felipe Fuentelsaz, indicó que necesitan tiempo para "poder valorar y leer atentamente" el acuerdo presentado por la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, si bien indicó que "siempre es buena noticia que se haya alcanzado un acuerdo para buscar una solución al conflicto social y económico de la zona y para la conservación de Doñana y que al final, las administraciones trabajen de manera coordinada".

"Tenemos que analizar el acuerdo muy bien porque hay cosas que no llegamos a entender y muchas incongruencias en el documento", dijo, refiriéndose a que se recojan "116 millones de euros para la conversión o la reconversión de fincas agrícolas, o bien en secano o en ecológico o incluso para la forestación de esas tierras agrarias en terrenos forestales", unas ayudas que "no vamos a apoyar en absoluto si se destinan a agricultores ilegales, no queremos que puedan optar a esos fondos públicos".