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Investigadas 14 personas y 12 empresas por presunta extracción ilegal de agua en Doñana

  • La operación de la Guardia Civil permite esclarecer en Huelva hasta 13 delitos penales

Una de las actuaciones de la Guardia Civil contra la extracción de agua ilegal del parque nacional de Doñana.

Una de las actuaciones de la Guardia Civil contra la extracción de agua ilegal del parque nacional de Doñana.

La Guardia Civil ha dado por finalizada la operación MIZU II con 133 personas detenidas e investigadas por la extracción de agua mediante el uso de más de 1.533 infraestructuras ilegales. De este modo, son 14 personas y 12 empresas las que han sido investigadas en la operación Aquae por presuntos delitos contra el medio ambiente por la distracción ilegal de aguas con perjuicio para los ecosistemas del Parque Nacional de Doñana. En concreto, esta operación ha permitido esclarecer en Huelva diez presuntos delitos.

El Seprona ha realizado un total de 1.512 inspecciones en toda España con el objetivo de localizar pozos, sondeos y balsas de acumulación de aguas ilegales para lo que ha contado con la colaboración de los distintos organismos de Cuenca y las Confederaciones Hidrográficas. Gran parte de la operación se ha desarrollado en zonas especialmente sensibles y vulnerables como pueden ser el Parque Nacional de Doñana y las Cuencas de los principales ríos de España.

A lo largo del pasado año, la Guardia Civil detectó la comisión de 98 infracciones penales, la mayoría de ellas contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. La vigilancia y control de la gestión de los recursos hídricos, principalmente acuíferos, ha permitido detectar hasta 2.326 infracciones administrativas.

Entre las técnicas de captación ilegales de aguas más comunes, los agentes del Seprona han detectado perforaciones de pozos y sondeos careciendo de autorizaciones, balsas ilegales de acumulación de agua, también captaciones directas de cauces y arroyos y caudalímetros -contadores volumétricos de agua- no homologados, manipulados o simplemente no operativos.

La mayoría de instalaciones carecía de medidas de seguridad, lo que representa, según ha informado la Guardia Civil, un peligro para la vida o la integridad física de personas o animales, sobre todo cuando las estructuras son abandonadas después de ese aprovechamiento ilegal.

La información recopilada ha permitido confeccionar un registro con las ubicaciones de las construcciones ilegales para su control y seguimiento mediante el uso de técnicas de georreferenciación; del total de estructuras el 74% se corresponden con pozos y sondeos.

La operación Mizu II se enmarca dentro de las acciones operativas encaminadas a la lucha contra la destrucción o modificación del hábitat de especies protegidas dentro del proyecto Life guardianes de la naturaleza.

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