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Detienen a Orta y Casto Pino por fraude fiscal y blanqueo de capital

  • El Juzgado de Instrucción número 3, encargado de la investigación, ordena también la detención de la mujer del ex concejal de Urbanismo y de un socio del ex alcalde · Decretado el secreto de sumario

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La investigación judicial que, con el máximo mutismo y discreción, se ha seguido en torno al ex alcalde de Aljaraque, Juan Manuel Orta (PP), y al ex concejal de Urbanismo, Casto Pino, dio ayer sus primeros resultados. El silencio saltó por los aires al conocerse que el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva, encargado del caso, acababa de ordenar la detención de los que hasta mayo de 2007 (elecciones municipales) fueron los máximos responsables del Ayuntamiento de Aljaraque, detenciones a las que se han sumado también las de la mujer de Casto Pino, M. A. S., y la de un socio del ex alcalde, A. G. La autoridad judicial ha decretado el secreto de sumario.

Fuentes de la investigación consultadas por este diario concretaron que sobre los detenidos pesan los cargos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y un tercer delito por posible falsedad documental. Las detenciones se produjeron casi simultáneamente en un operativo coordinado por el Servicio de Vigilancia Aduanera, en el que participó la Guardia Civil, y que tuvo como escenarios el despacho de Orta (ubicado en la zona centro de Huelva capital) y el término de Aljaraque, donde fueron detenidos Casto Pino y su esposa.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Huelva, donde permanecían hasta la hora de cierre de este diario, a excepción de la única mujer supuestamente implicada en la trama, la esposa de Casto Pino, que quedó en libertad (con cargos) por problemas de salud.

M. A. S. y la mujer del ex alcalde permanecieron toda la tarde haciéndose mutua compañía en una casa, sin recibir llamadas (salvo de familiares directos), mientras sus respectivos maridos se encontraban bajo custodia de la Guardia Civil.

Las detenciones se producen después de 14 meses de investigación. En enero de 2007, el empresario y ex militante del PP, Rafael Barroso, presentaba ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid una amplia denuncia contra el ex alcalde y el ex responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Aljaraque por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias de obra y convenios urbanísticos. Anticorrupción remitió pocos meses después el expediente a Huelva y el Juzgado de Instrucción número 3 se hacía cargo del caso, mientras a las puertas de las elecciones municipales de mayo Orta anunciaba que ponía fin a su ciclo político.

Desde enero de 2007 hasta ayer, los responsables de la investigación han guardado el máximo sigilo. Aún así, este periódico ha podido saber que en el otoño pasado, tanto el juzgado como la Fiscalía han solicitado al Ayuntamiento de Aljaraque alguna documentación y copias de expedientes municipales supuestamente relacionados con incumplimientos en la ley de contratos y fraccionamientos de determinados pagos. Además, el Servicio de Vigilancia Aduanera ha estado rastreando las cuentas de los implicados en la presunta trama de fraude fiscal.

En la denuncia que en su día presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, el empresario acusaba a Orta y Pino de cobrar comisiones ilegales por la firma de convenios con hasta siete empresas inmobiliarias y hasta tipificaba los supuestos delitos cometidos por los ahora detenidos (contra la ordenación del territorio, falsedad documental, prevaricación, malversación, cohecho y fraude fiscal).

Barroso aseguraba asimismo haber sido objeto de "chantaje" al recibir presiones para que pagase 300.000 euros en efectivo para obtener una licencia municipal de obras, y señalaba que las cantidades cobradas en las comisiones ilegales podrían calcularse "estableciendo el número de convenios urbanísticos, la valoración económica de los mismos, las cantidades que se establezcan por convenio y los porcentajes estipulados que son abonados directamente en metálico a los señores Orta y Pino".

El denunciante llegaba incluso a establecer un cálculo del patrimonio del ex alcalde y de su principal colaborador, que cifró en unos 60 millones de euros.

En la documentación que el empresario presentó a las instancias judiciales afirmaba además que el cobro de las comisiones ilegales era invertido -según se publicó el pasado mayo- "en bienes de distinta naturaleza, inmuebles, fincas urbanas, fincas rústicas, solares, acciones, fondos de inversión, y participaciones en sociedades (...) y, evidentemente para la compra de artículos y bienes de lujo, como vehículos, viajes, ocio, joyas...".

En el referido escrito del ex militante del PP detalla la relación de bienes de los dos ex responsables políticos.

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