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El Defensor del Pueblo cree que legalizar los regadíos irregulares de Doñana "choca" con el uso racional del agua

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. / Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, cree que legalizar regadíos irregulares en el entorno de Doñana, ignorando la situación cuantitativa y cualitativa de las masas de agua subterránea y el ciclo hidrológico, "no resulta congruente con el mandato constitucional de usar los recursos naturales de manera racional".

Así se recoge en el Informe Anual del Defensor del Pueblo 2022, presentado este lunes, en el que se precisa que la gestión del agua y su relación con los espacios naturales también es motivo frecuente de quejas y actuaciones de la Defensoría.

De esta forma, se indica que en el verano y otoño de 2021 se había puesto de manifiesto que las extracciones de aguas destinadas al riego ilegal, así como el abastecimiento de Matalascañas, continuaban poniendo en riesgo las masas de agua subterránea de las que se nutren las lagunas superficiales y que constituyen el soporte fundamental de la riqueza ecológica del Espacio Natural de Doñana; todo ello agravado por la sequía.

En 2022, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, entidad competente en la gestión del agua, ha remitido a la Defensoría información detallada sobre nuevas concesiones de agua, sanciones impuestas y pozos ilegales cerrados.

Su conclusión, es que el estado global de las masas de agua subterránea de Almonte, Marismas y La Rocina "no varía con respecto al descrito en el plan hidrológico y se califica como malo"; y ello a pesar del progreso alcanzado en los últimos años, fruto de la aplicación de las medidas previstas en el plan hidrológico, como vigilancia por teledetección y guardería, apertura de procedimientos sancionadores, sustitución de aguas subterráneas por superficiales y adquisición de derechos.

Ante esta situación, Gabilondo considera que "reconocer nuevos usos del agua, incluidos la legalización de regadíos irregulares, ignorando la situación cuantitativa y cualitativa de las masas de agua subterránea y el ciclo hidrológico, no resulta congruente con el mandato constitucional de usar los recursos naturales de manera racional".

Asimismo, espera que el Marco de Actuaciones para Doñana, anunciado a finales de año por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "pueda llevarse a cabo con la máxima celeridad".

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