La Defensa pide la libre absolución porque parte del Avispero es agrícola

Cada una de las partes se mantuvo ayer en su posición inicial en el caso del Avispero, en el juicio por un presunto delito medioambiental que concluyó y quedó visto para sentencia. El fiscal y la acusación particular se ratificaron en la petición de penas que suman 17 años de cárcel para cuatro empresarios y un funcionario de la Delegación de Medio Ambiente de Huelva por delitos contra la ordenación del territorio, desobediencia y, en el caso del funcionario, de omisión del deber y cohecho. La calificación del Fiscal solicita, además, multas, inhabilitación para cargo público y la restauración del terreno de dañado por valor de 587.498,35 euros.

El caso Avispero es el primero por delitos contra el Medio Ambiente que llega a la Audiencia de Huelva.

Las defensas de los distintos imputados (J.M.S., D.J.I., M.M.C., A.C.P. y el funcionario F.B.O.) no dejaron lugar a dudas y solicitaron la libre absolución por considerar que el fiscal no había presentado pruebas concluyentes. En líneas generales, defendieron el carácter agrícola de parte de la finca del Coto Avispero para que se ampliaran los cultivos.

Los abogados de J.M.S. D.J.I., M.M.C. y F.B.O. argumentaron que su escasa formación académica les disculpa que desconocieran una norma compleja como el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad) y la catalogación de zonas A y C para la finca, más, teniendo en cuenta que los técnicos dieron fe de la complejidad de la norma y de la delimitación de una u otra valoración. La clasificación como zona A indica un alto valor ecológico y el mayor grado de protección y la zona C admite algunos usos del terreno.

La defensa de A.C.P. empezó su exposición diciendo que "todavía no sabemos qué estamos haciendo aquí". Dijo al tribunal que la acusación no había presentado ni un sólo dato objetivo que avalara los cargos que se le imputan a A.C.P. Reconoció que su cliente había tramitado alguna documentación con errores, como que el técnico que hizo el proyecto para ampliar el terreno de cultivos confundió la zona donde se iba a desarrollar, y que A.C.P. carece de permisos para algunas actuaciones como la construcción de una balsa y una nave. Pero añadió que solicitó en su momento los permisos, y que ahora está a la espera de que se resuelvan.

Las defensas rechazaron las pruebas fotográficas que presentaron los peritos sobre los cambios que se ejecutaron en el terreno y, más concretamente, las de la bióloga de la organización WWF por su actuación partidista al pertenecer a una organización ecologista, WWF.

El Ministerio Fiscal considera que los cinco acusados participaron de una trama para ir ampliando sus parcelas agrícolas en un terreno que estaba protegido antes y después del Potad. Lo único que reconoció el fiscal como zona agrícola de secano son las 11 hectáreas que ya existían en el año 87. A partir de ahí, aseguró que los acusados fueron ampliando el cultivo, que acabó siendo de regadío intensivo, fundamentalmente; es decir, fresa, frambuesa, arándano o cítricos.

El Fiscal explicó que los cambios de uso comenzaron con la actuación de A.C.P. en el Avispero cuando en el año 2002 solicitó ampliar su zona de cultivo en 40 hectáreas, de las que logró un permiso. Aunque esta transformación la realizó en una parte de la finca diferente a la que se autorizó. Posteriormente pidió una prórroga, que se le denegó. Siguiendo con el argumento del fiscal, en el año 2004-2005, A.C.P. vendió una parte de Coto Avispero a Agromolinillo, que encabeza J.M.S. Al tener éste y la empresa Agromolinillo 14 causas abiertas en la Delegación de Medio Ambiente de Huelva, buscó la colaboración de una tercera persona, que fue M.M.C., para tramitar los permisos, aunque los primeros los firmó el antiguo propietario A.C.P. mientras se formalizaba la escritura. El Fiscal hizo ver que las 97 hectáreas que adquirió la sociedad de J.M.S. tuvieron un precio agrícola pues pagó 2,3 millones de euros.

Una vez que se registró la propiedad a nombre de la sociedad Agromolinillo, entró en la trama M.M.C. para figurar en los documentos que se necesitaran tramitar como arrendatario de la finca con el compromiso de llevar el producto a la sociedad comercializadora Agromolinillo. El fiscal mantiene que éste llevó a cabo la transformación del terreno bajo el amparo del propietario J.M.S.

Sobre el funcionario F.B.O., el Fiscal mantiene su implicación directa porque no denunció los hechos a pesar de las dimensiones de la transformación de terreno (118 hectáreas del Avispero presuntamente eran ilegales) y además "intentó confundir a sus compañeros diciendo que era terreno agrícola". El Fiscal subrayó que tuvo varios ingresos en sus cuentas en 2006 que suman 22.000 euros y que no ha podido justificar.

La acusación particular por parte de la Junta subrayó la gravedad de la actuación del ex coordinador de la unidad territorial del Condado, que ahora ya está jubilado.