El Ayuntamiento de Lepe adopta las medidas del Defensor en la plaza de las Carabelas de La Antilla
Lepe
El objetivo es conseguir una coexistencia "lo más armoniosa posible" entre el derecho al descanso de los vecinos y los elementos propios del mercadillo junto a los locales hosteleros con veladores

El Ayuntamiento de Lepe ha aceptado una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, al considerar esta instutción que el Consistorio ha adoptado las medidas recomendadas por este para lograr una coexistencia lo más armoniosa posible en la plaza de las Carabelas de La Antilla, en Lepe, entre los elementos propios del mercadillo y establecimientos hosteleros con terraza de veladores, y el derecho al descanso de los vecinos residentes en el entorno.
Así lo determina Jesús Maeztu, quien valora en una resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, la “voluntad de hacer cumplir la normativa”, aunque “sin perjuicio de reconocer la complejidad que presenta una situación como la que es objeto de la queja”.
En la misma, que fue enviada al Defensor por una comunidad de propietarios de un edificio situado en la plaza, se denunciaba la “inusitada escalada de ocupación del espacio público” sufrida desde hace años por parte del gremio de la hostelería, venta ambulante y no ambulante, máquinas recreativas, etcétera.
En este sentido, explicaban que, más allá de los veladores, “se cierran espacios completos con toldos (y aún con vidrieras sólidas) a los cuatro lados y techo, configurándose una propiedad privada las 24 hora del día los 365 días del año”. Además, el mercadillo nocturno instalado ocupaba “todos los resquicios que dejan los parterres que quedan, arrinconando los bancos públicos del paseo, en algunos casos dejándolos en las medianeras”.
Asimismo, junto con la ocupación del espacio público, se denunciaba el ruido ambiental que generaban estas instalaciones hasta las 2:30 de la noche de “más de 80 dBA”.
El Defensor comprobó que el problema fue denunciado en los años 2002, 2003, 2006, 2017, por escrito, unido a visitas, llamadas y, aunque el Ayuntamiento anunció que pretendía reordenar los puestos nocturnos de artesanía, no se había actuado contra la ocupación ilegal de veladores, en los horarios de cierre y en el ruido ambiental.
Los vecinos solicitaban de la institución una intervención ante el Ayuntamiento en relación con el “abuso de ocupación permanente de la vía pública por particulares con ánimo de lucro”, respecto del “otorgamiento de licencias indiscriminadas y no control por parte del Ayuntamiento de Lepe” y sobre la “superación del ruido ambiental admisible por los efectos aditivos de las licencias”.
Tras varias actuaciones, el Defensor recomendó a la Alcaldía que se inspeccionaran los establecimientos y se incoasen los expedientes administrativos que hubiera lugar, incluidos los de restauración de la legalidad alterada. Igualmente, recomendó que se valorase si esta plaza podía reunir los requisitos de zonas acústicamente saturadas, y recomendó que se dialogase con los vecinos afectados.
Después de varias comunicaciones de Maeztu con los vecinos y con el Ayuntamiento, en noviembre de 2018 dirigió un nuevo escrito a la Administración local, que manifestó, entre otras muchas cuestiones, que, siguiendo sus recomendaciones, la Policía Local inspeccionó los establecimientos, procediendo a la incoacion de los correspondientes expedientes sancionadores por exceso de ocupación y por disponer de atracciones infantiles sin la correspondiente autorización. Estos expedientes se finalizaron y se impusieron las correspondientes sanciones.
Además, se solicitó informe técnico al área de Urbanismo sobre la posible concurrencia de las circunstancias de las zonas acústicamente saturadas en la Plaza de las Carabelas, si bien al no disponer de medios para tal cometido, se dio traslado a la Junta.
En cuanto a los puestos, el alcalde explicó que con la nueva ordenación “se ha reducido la ocupación, se han ordenado los puestos en dobles filas y se ha estimado que permanezcan todo el año instalados para no perjudicar la estructura de los mismos debido a los desmontajes”.
Ante la respuesta, Maeztu valora la voluntad de actuación del Ayuntamiento lepero, si bien le ha trasladado la necesidad de que se mantenga especialmente vigilante, a través de la Policía Local, respecto a los establecimientos ubicados en esta plaza y los puestos del paseo, a fin de que el cumplimiento de la normativa sea permanente y no puntual, logrando con la presencia policial disuadir de comportamientos infractores y levantando las actas a las que haya lugar.
Un juzgado suspende un decreto que obliga a vendedores del mercadillo de El Rompido a cambiar de lugar
El grupo de cinco vendedores del mercadillo estival con concesión administrativa desde hace ya varios años para instalar sus negocios entre los días 15 de junio y 15 de septiembre en la calle Puerto, junto al muelle pesquero de El Rompido, ha ganado la primera batalla judicial que mantiene con el Ayuntamiento de Cartaya y podrán mantener este verano dicha ubicación gracias a un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Huelva con fecha del pasado 23 de julio.
Los vendedores explicaron que, a principios del presente verano, el Consistorio cartayero les informó mediante una carta sobre la modificación de las bases de sus licencias de ocupación de vía pública para su actividad comercial, así como les dio cuenta de un Decreto de Alcaldía en el que el Consistorio acordó trasladar sus puestos desde las inmediaciones del muelle pesquero, hasta el Paseo Marítimo, para lo cual les dio cinco días de plazo.
Ante este cambio en las bases de sus licencias, que consideraron que “perjudicaría sus negocios”, los afectados recurrieron a la vía judicial solicitando la suspensión cautelar de la medida con carácter de urgencia, lo cual les ha sido concedido por dicho juzgado, que les ha otorgado la “medida cautelar provisionalísima”, que es de “cumplimiento inmediato”, según ha podido saber este periódico.
El juez considera que se arrojan “ciertas dudas sobre la corrección del acto impugnado”, a lo que añade que las concesiones modificadas “al parecer unilateralmente” en un aspecto “tan sustancial o relevante” desde el punto de vista comercial como es el emplazamiento de los puestos, comporta, dado el breve período por el que aparecen concedidas, “más que probables perjuicios de carácter irreversible a los concesionarios”. El juzgado dio un plazo de tres días al Ayuntamiento para presentar alegaciones, aunque una vez cumplido dicho plazo “desconocemos si el Ayuntamiento ha realizado alguna alegación”, señalan fuentes cercanas al caso.
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