El Consejo Consultivo fuerza a retirar la licencia para la remodelación del Palacio

El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha forzado al equipo de gobierno socialista a recular y declarar nula la concesión de licencia de obra al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la remodelación del Palacio de Doñana, donde tiene su centro de operaciones la Reserva Biológica de Doñana.

El edificio, un señorial cortijo andaluz del siglo XVI, fue utilizado en su tiempo como pabellón de caza para aristócratas y los diferentes reyes que gobernaron España durante los últimos cuatro siglos. Su valor arquitectónico, histórico y cultural ejemplifica la máxima figura de protección (grado uno) en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almonte, lo que implica que los trabajos de construcción se deban circunscribir al mantenimiento de esta pieza única del patrimonio nacional.

La decisión del Consultivo deja en muy mal lugar a una institución como el CSIC, dependiente del Gobierno central (PP), por utilizar siete millones de euros, financiados con cargo a las cuentas del Ministerio de Economía y los Fondos Feder, en acometer un proyecto irrealizable a la luz de los hechos. Mientras, el actual equipo de gobierno (PSOE), queda igualmente retratado al desdeñar los informes en contra del Gobierno predecesor y dar curso a la licencia de obra con el argumento de que reportaba a las arcas locales importantes ingresos en forma de tasas.

A la luz del dictamen del Consultivo, la cámara local acordó ayer dejar sin validez el acuerdo de Junta de Gobierno local del 23 de julio de 2015 en el que una recién investida alcaldesa, Rocío Espinosa, dio validez a las obras impulsadas por el CSIC.

La cuestión no es baladí pues la propia Fiscalía de Huelva denunció la actuación en el Juzgado de Instrucción Decano de La Palma del Condado por posibles delitos de daños en el patrimonio histórico y de prevaricación por las obras que se iniciaron en octubre de 2014.

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Ordenación del Territorio, Vivienda, Obras y Seguridad Ciudadana, Antonio Joaquín Díaz (PSOE), en declaraciones a Europa Press trató de restar importancia a este trámite plenario que "si sale aprobado, que será así si no pasa nada raro, la licencia de declarará nula". Acto seguido, continuó, "se instaría al CSIC a legalizar esta obra, a derribar o a modificar lo ilegalmente ejecutado, e imponer la sanción que proceda, según la ley, como cualquier proceso administrativo de cualquier vecino del municipio que haga una obra sin licencia". En cualquier caso, apuntó, "todo toma una dimensión distinta y superior al tratarse de Doñana".

Las obras fueron adjudicadas en el mes de febrero y el Ayuntamiento, entonces gobernado por los populares detectó la inviabilidad de la operación e informó de manera desfavorable, según explicó a Huelva Información el ex alcalde José Antonio Domínguez (PP). "El 2 de mayo se formula la denuncia en la que las obras se estaban ejecutando sin licencia y se incoa un expediente adoptándose como medidas cautelares la paralización de la obra". Sin embargo, destaca Domínguez, "cuando los socialistas toman el poder cambian de criterio y estiman que las obras se ajustan a derecho y conceden la licencia. El edil censuró que "el PSOE criticase la inacción de la entonces concejala de Urbanismo, Fátima Pérez, cuando fue la única que protegió el patrimonio, para después hacer todo lo que criticó durante la campaña".

El Consultivo señala que el proyecto arquitectónico del CSIC "no encuentra acomodo", puesto que el PGOU de Almonte blinda el emblemático edificio con una protección específica de grado uno y lo incluye dentro del Catálogo Municipal de Bienes y Espacios protegidos.

Las obras perseguían una transformación integral de una parte del edificio palaciego. El objetivo no era otro que acondicionar las instalaciones para mejorar el confort de investigadores y visitas institucionales, para lograr con ello "un edificio innovador y sostenible con el entorno" natural en el que se asienta. El problema es que para llevar a buen puerto tales fines y con la justificación del mal estado de conservación se proyectó una remodelación total de los espacios que llevaba aparejadas demoliciones generales, sustituciones de carpinterías de maderas originales por otras de PVC, supresión de muros y levantamiento de nuevos tabiques que creasen nuevos espacios. Además se proyectaban nuevas puertas que dieran acceso a las habitaciones de los investigadores en el ala sur, con la construcción de baños individuales, armarios empotrados y nuevos equipos de aire acondicionado.

Para llevar a cabo tales actuaciones el CSIC precisaba de un informe previo de la oficina técnica municipal e informes de la Consejería de la Junta de Andalucía, aunque estos últimos no eran preceptivos. A tenor de los hechos, el CCA determina que las reformas "no se encaminan exclusivamente a la conservación y mantenimiento de lo ya edificado".

El órgano de la Junta da los pasos que hubieran sido necesarios para llevar a efecto esta transformación que pasaban por una modificación previa del PGOU para cambiar el nivel de intervención del Palacio de Doñana.