Condenada una empresa a pagar 4.000 euros por cultivo ilegal de arándanos

El Juzgado de Instrucción 2 de Ayamonte condenó a una entidad productora de arándanos de la provincia de Huelva a arrancar 1.475 plantas y a pagar 4.128 euros por explotar sin autorización, reproducir y multiplicar la variedad Snowchaserm, cuya propiedad intelectual pertenece a la Universidad de Florida y se encuentra licenciada a la empresa Rústicas del Guadalquivir. El juez considera probado la comisión de un delito contra la propiedad industrial, tipificado en el artículo 274.4 del Código Penal, según informó Geslive, la entidad que interpuso la denuncia.

Este procedimiento judicial se inició por la denuncia presentada por Geslive ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva al considerar que la sociedad denunciada había obtenido material vegetal de origen desconocido y procedido a su reproducción hasta conformar una plantación de 1.475 plantas destinadas a la producción de fruta de la mencionada variedad vegetal.

Ambas entidades se mantienen en permanente vigilancia y muy proactivas para denunciar ante las autoridades cualquier fraude que suponga una infracción a los derechos de propiedad intelectual, conscientes de que el respeto a la normativa legal es responsabilidad de todos y una condición imprescindible para que el sector pueda fortalecer su credibilidad y ser más competitivo además de que "no ofrece garantía alguna de que pertenezca verdaderamente a la variedad que se indica, ni acerca de su pureza varietal o de sus condiciones fitosanitarias".

Desde Geslive señalan que prueba de que la reproducción ilegal de variedades vegetales está siendo "crítica" es que "el 53% de los viveros inspeccionados por las autoridades policiales en 2016 trabajaba de forma clandestina, sin autorización para reproducir variedades protegidas".

Por ello, la dirección de Geslive recuerda que "la reproducción y producción no autorizada de variedades vegetales protegidas de frutal es un delito penado por la ley como evidencia esta sentencia y constituye, además, un grave problema en las zonas frutícolas españolas como es el caso de la provincia de Huelva".

"Este fraude masivo tiene graves consecuencias no sólo para los obtentores de nuevas variedades vegetales, a los que se están causando pérdidas multimillonarias cada año, sino también para todo el sector, pues supone una competencia desleal para la mayor parte de los productores que se esfuerza responsablemente por respetar la ley", explicaron desde Geslive.

Geslive es una empresa que presta servicios profesionales de gestión, inspección, asistencia técnica, consultoría y asesoramiento y defensa jurídica a los obtentores y titulares de derechos de propiedad industrial sobre variedades vegetales, y es filial de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (Anove). A lo largo de 2016, Geslive promovió un total de 75 inspecciones a productores de viveros, en las que se tomaron 165 muestras vegetales de diversas especies. El 53% de los viveros inspeccionados resultó no contar con autorización legal para poder reproducir variedades protegidas; el 35% están pendientes de resultados analíticos y solo en el 12% no se constataron prácticas irregulares. Desde el departamento jurídico de Geslive se promovieron a lo largo de 2016 un total de 52 procedimiento judiciales.