Provincia

Cartaya gestionará su servicio de Ayuda a Domicilio a partir de enero

  • La medida afectará a un centenar de profesionales que atienden a casi mil dependientes

Imagen de archivo de profesionales de ayuda a domicilio.

Imagen de archivo de profesionales de ayuda a domicilio. / Javier Albiñana (Cartaya)

Cartaya se convertirá, a partir del 1 de enero de 2023 en el segundo municipio de la provincia de Huelva, junto a Almonte, que gestiona de manera pública y directa el Servicio de Ayuda a Domicilio. El consistorio cartayero lo hará a través de una fundación pública de la Mancomunidad de municipios Beturia, ente supramunicipal al que pertenece Cartaya.

Durante la sesión plenaria, el portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Políticas Sociales, David F. Calderón, defendió “la importancia de prestar de forma pública y directa servicios tan sensibles como la ayuda a domicilio, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del centenar de auxiliares que trabajan en Cartaya y elevar la calidad de la atención a las personas dependientes del municipio”.

Calderón, que también es portavoz de IU en Diputación de Huelva, defendió durante el último pleno provincial la “oportunidad de trasladar esta medida al resto de la provincia onubense”, instando a Diputación a “seguir los pasos de Cartaya y atreverse a gestionar el SAD de forma directa, como alternativa a la decisión del gobierno provincial de adjudicar este servicio a empresas privadas para cubrir a los municipios onubenses menores de 20.000 habitantes”. El contrato adjudicado el pasado mes de octubre por la Diputación provincial de Huelva, que asciende a 35 millones de euros, entrega la atención de más de 6.000 dependientes de la provincia onubense a empresas privadas.

Calderón añadió que “los servicios de primera necesidad como el sistema de atención a la dependencia, la sanidad y la educación deben ser prestados siempre de forma pública y directa, evitando su entrega al negocio privado, con el fin de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y garantizar un máximo control público sobre la calidad del servicio”.

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